Entre recortes y el coronavirus la sequía sigue golpeando a la región de Coquimbo

Mientras el COVID-19 sigue extendiéndose por el país, superando ya los 30 mil contagiados, en la región de Coquimbo la escasez hídrica continúa generando estragos en el sector rural.

Más allá de la abrumadora presencia de la pandemia a nivel mediático, no se debe olvidar que para este año está pronosticado –hasta el momento – un invierno semejante al de 2019, el cual quedó registrado como uno de los más secos de los últimos 70 años, profundizando la grave situación de escasez que vive la región.

Dentro de su territorio, la provincia del Choapa es quizás la zona más afectada por la falta de agua, con sus cuatro cuencas hidrográficas más importantes – Illapel, Choapa, Chalinga y estero Pupio – sometidas a un fuerte estrés hídrico, producto de la falta de lluvia y la sobreexplotación de la tierra, al punto que en la última temporada estival, ganado vacuno de la zona debió ser traslado al centro-sur del país para alimentarse, ante la falta de forraje natural.

A ello, se suma la situación de los embalses los cuales, hasta el 30 de abril pasado, se hayan en mínimos: Culimo en un 35%, El Bato en un 15%, y Corrales, en apenas, un 3% de agua embalsada, siendo éste último además, el que presenta el nivel más bajo de agua acumulada de la región de Coquimbo. 

Una catástrofe

Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, explicó que a estas alturas, los regantes de la cuenca ya han dejado de sacar agua del embalse Corrales, lo que significa “que los canales están en uso al 8% de prorrateo, pero eso hay que ir viéndolo día a día”, explica.

Desde esa perspectiva, y con una época invernal que amenaza ser escasa o nula en lluvia, la prospección de pozos para sacar agua parece ser la única alternativa viable, además del uso eficiente de ésta. “O sino la situación sería peor”, comenta.

¿Pero y qué pasa si al final no llueve?

Según el presidente de la Junta de Vigilancia del río Choapa, “más del 80% de los agricultores quedarían quebrados, porque no tendríamos agua para regar. Sería una crisis de tal magnitud, que no tendría registro histórico algo así”.

Por eso insiste, en que la búsqueda de agua vía perforación de pozos es importante, aunque con ciertos matices.

“Estamos perforando pozos con el objeto de poder alumbrar más agua. Pero también tenemos que hacerlo de forma responsable. Todos esos pozos de hecho, van a contar con telemetría para ir viendo cuánto es el volumen prudente de  agua que se puede sacar, con el fin de que no ya haya afectación para el consumo humano”, explicó.

En cuanto a otras medidas concretas para alivianar la sequía, Lohse no es muy optimista, pues “no se ha logrado lo que se quisiera” y que de las reuniones con la autoridad, no se rescatado gran cosa.

“Yo creo que aquí los recursos siempre van a ser pocos ante la crisis que se nos puede venir”, recordando que la crisis hídrica, tarde o temprano, conllevará efectos negativos sobre toda la cadena económica de la zona. “No hay que olvidar que Salamanca e Illapel por ejemplo, son localidades que han crecido mucho en los últimos años, por lo que la crisis hídrica al final, va a repercutir – y ya está repercutiendo -  en el comercio y en el empleo”.

Escasos avances

Para Marcela Jeneral en tanto, presidenta de la Junta de Vigilancia del río Illapel, nada indica que esto vaya a mejorar en el futuro inmediato. Es más, para ella “prácticamente no se ha avanzado nada en el tema hídrico”.

“Somos la provincia más afectada. Hoy día yo puedo decir que nosotros tenemos agua en el embalse (El Bato) para la temporada 2020-2021 solamente para el consumo humano. ¿Pero dónde quedamos los pequeños agricultores, los agricultores de subsistencia? Porque nosotros no tenemos grandes productores aquí en el rio Illapel. Por lo tanto, esto ha sido un problema mayor que nosotros venimos anunciando hace ya 3 años”, señala.

A diferencia de la cuenca del río Choapa, Marcela Jeneral, explica que el valle carece de pozos de extracción de agua, los cuales pretendían estar implementados en mayo.

Sobre todo recuerda, para alimentar con el vital elemento, a los APR ubicados en el valle “de los cuales dependen, gran cantidad de población”, sostiene. En total afirma, serían unas 4.600 personas –sin contar a sus grupos familiares – los que se verían seriamente afectados por la falta de agua.

“Como junta priorizamos el consumo humano de agua. Pero requerimos que el Estado pudiese construir unos pozos. Somos una cuenca pobre, en donde la mayoría de nuestros agricultores, al menos en la primera sección de la cuenca, viven de la actividad de subsistencia. Pero el actuar del gobierno es tan lento que me tiene cansada, pues el año pasado, estos puntos se pusieron sobre la mesa, en julio, y hoy día estamos llegando a junio de 2020, y no tenemos prácticamente nada, al menos en ese ámbito” afirmó.

Y ahora recortes

Pero las malas noticias no se terminan aquí, pues este fin de semana, se conocieron las cifras que implicará el ajuste presupuestario anunciado por el gobierno en abril -y que implicará recortes en la mayor parte de las reparticiones públicas – para combatir la pandemia del coronavirus.

Así, la Dirección de Presupuestos anunció que, de los 2 mil millones de dólares de recorte fiscal, más de 52 millones corresponden a Agricultura. ¿Qué implica eso? Disminución de recursos para programas importantes para combatir la sequía como el Plan de Desarrollo Caprino, -en donde se disminuye su presupuesto original de 2 mil millones de pesos a sólo 500 millones – el Plan de Recuperación de Suelos Degradados y planes relativos al fomento al riego, entre otros.

Para el senador Jorge Pizarro, esta disminución de recursos, no cayó nada bien.

“Es una decisión muy grave. Para el sector criancero, nos costó un mundo conseguir los recursos para el programa de desarrollo caprino, y eso se recortó prácticamente a la mitad. Lo mismo sucede con el fomento que necesitábamos a la pequeña minería, y en el tema de la agricultura familiar campesina. No tener más allá de la ayuda social y financiamiento para retomar su actividad agrícola es algo que nos preocupa”, afirmó Pizarro.

Y si bien el parlamentario, reconoció que es necesario realizar ajustes para evitar la propagación del COVID-19, lo que no se puede hacer “recortar inversión publica por ejemplo, que significan la implementación de proyectos que en la localidades más pequeñas significan activación de la economía local y contratación de mano de obra, como caminos o pequeñas obras de riego. Está bien recortar, pero focalicemos bien”, argumentó.

Incertidumbre

Para el presidente de la Asociación de Crianceros del Choapa en tanto, Héctor Báez, la decisión de recortar el plan es lamentable, más aún señala, porque dicho programa fue elaborado e impulsado por los propios productores.

“Ahora hemos sabido que esa plata se va a ocupar en la pandemia. Es muy lamentable, porque claro, ellos puedan a atreverse a ocupar recursos que ni siquiera les ha costado a ellos. A nosotros nos costó, y mucho. Ahora, ocuparán esa plata y nos dejarán tirados de nuevo con un proyecto que costó mucho sacarlo”, señaló.

Báez critica además, que esta decisión se haya tomado, cuando se prevé un año seco, para lo cual, solicitó que el seremi del ramo y el director regional de INDAP, puedan reunirse con los dirigentes, reunión que se daría esta misma semana.

Pero los número no mienten, y a estas alturas del año – afirma – se están observado los primeros abortos de animales, mientras que en algunas zonas, más del 80% de los animales ya han muerto. Por eso, para el dirigente criancero, la única alternativa real para modificar la crítica situación que viven a raíz de la escasez hídrica es, simplemente, que llueva.

“Pero esperamos que el gobierno se ponga las pilas. Hay gente que hoy está pasando hambre. Hoy día, por la pandemia, tenemos a todos los niños en las casas y eso implica un gasto mayor y creo que, si seguimos así, dentro de uno o dos meses, la gente va a bajar a los pueblos a asaltar los negocios porque no tiene que comer ni de que vivir”, advirtió.

Y si bien, ha llegado ayuda en los últimos meses, el dirigente asegura que “no ha sido suficiente, ni siquiera para salvar 20 cabras”.

Programas siguen funcionando

Ante el difícil panorama que se presenta por la sequía, a lo que se suman ahora recortes presupuestarios que hacen más difícil abordar esta coyuntura, el seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, afirmó que “nuestra prioridad número uno es la sequía”.

La autoridad reconoció que “hay ajustes que se están realizando a nivel central”, y por lo mismo, respecto al plan caprino, aseguró que “hemos estado conversando con los dirigentes para informarles de esta situación y prontamente tendremos una reunión con ellos, para ver la forma de trabajo con esos 500 millones de pesos que deberán estar disponibles en la región para implementar pilotos, raciones alimenticias, o capacitaciones. Es una situación que debemos abordar con los dirigentes crianceros”, señaló.

Y si bien, aseguró Ordenes, el recorte de 1.500 millones de pesos al plan caprino, “aún no lo tenemos claro, pues todavía se está discutiendo a nivel central”, insistió en que debido a lo que se está viviendo con la pandemia “muchos ministerios están haciendo esfuerzos para poder contribuir a apoyar el programa económico del gobierno para ir en ayuda de distintas familias más vulnerables que tenemos a nivel nacional, incluyendo el sector rural”.

Por lo mismo insistió, en que todos los programas del ministerio siguen ejecutándose “según toda la planificación que se estableció” con todos los servicios dependientes del ministerio. Pero entonces, ¿cómo se van a seguir financiando si habrá menos recursos?

“Los planes se han ajustado, estamos tratando de ser lo más eficientes posible en poder ejecutar estos proyectos y trabajar directamente con los agricultores”, señaló.