Fiscalía Nacional Económica anuncia revisión a empresas controladas por el estado chino en el país

La semana pasada, la prensa nacional se hizo eco de la intención de compra de la empresa estatal china, State Grid International Development Limited, el mayor grupo eléctrico del mundo, de la empresa CGE -distribuidora de electricidad en la Región de Coquimbo y la mayor del país- por una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares.

De concretarse esta compra, sería la segunda empresa que esta firma del Estado chino adquiriría en el país, luego de la compra de Chilquinta en 2019.

Pero lo cierto es que el anuncio de esta multimillonaria adquisición llamó la atención en diversos sectores, pero sobre todo, causó preocupación por los posibles riesgos geopolíticos y de seguridad nacional que ello podría implicar para los intereses nacionales. Más cuando China es además, el principal cliente comercial del país, pues la mayor parte de las exportaciones nacionales se dirigen hacia ese mercado, con lo cual, aseguran los sectores que se oponen a esta compra, dejaría a Chile en una situación de subordinación frente a China.

Y más cuando, según consigna El Mercurio, empresas ligadas al mismo controlador operan en todos los segmentos del mercado energético nacional: generación, transmisión y distribución. En total, de concretarse la compra de CGE, el Estado chino se haría con el control del suministro eléctrico de casi 4 millones de chilenos, es decir del 60% del país.

Por lo demás, caber señalar que el otro gran accionista del sistema eléctrico nacional es otro Estado: el italiano, que a través de Enel, controla buena parte del mercado energético chileno.

Como sea, el anuncio de la estatal china generó que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados citara este lunes al fiscal económico nacional, Ricardo Riesco, quien señaló que la compra de CGE aún no había sido notificada a la Fiscalía Nacional Económica, FNE, y que, cuando ello ocurra, será sometida a revisión conforme a los parámetros definidos para el proceso de control de operaciones de concentración que opera en Chile desde junio del 2017.

Sólo en el ámbito de la libre competencia

Junto con aclarar que la compra debería contar previamente con la debida autorización de la FNE, el fiscal nacional económico reiteró que el organismo que lidera, analizará todos los antecedentes requeridos para la investigación, desde una perspectiva técnica que asegure la libre competencia y, que además, “dictará en su oportunidad una resolución que se ajuste a los antecedentes de hecho y de derecho”.

Se trata en el fondo explicó, de cautelar que este tipo de operaciones “no reduzca sustancialmente la competencia en el mercado”, evitando así, eventuales aumentos de precios, exclusión de competidores o dejando abiertos resquicios para eventuales colusiones entre los actores de la industria.

Por lo mismo, Riesco explicó que los asuntos geopolíticos, estratégicos o de seguridad nacional que actores políticos han levantado, no pueden ser tomados en cuenta por la FNE, pues ello, “excede la misión” que tiene encomendada por ley, que es “defender, promover y resguardar la libre competencia en los mercados”.