Regantes del centro norte del país insisten en que temen expropiación de sus derechos de agua

Desde hace unos meses que entre los productores agrícolas ronda la preocupación en torno a una reforma en el artículo 23 de la Constitución propuesta en la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, que según señalan, podría cambiar la actual forma de administración de los derechos de agua e incluso, advierten, podría propiciar la expropiación de derechos.

Precisamente esta situación fue la que convocó a más de un centenar de agricultores de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso en la ciudad de La Serena ayer, oportunidad en la que discutieron los alcances de esta normativa y convocaron a un abogado experto en la materia para explicar las implicancias que tendría.

Una de las entidades que ha llevado adelante esta discusión es la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), cuya presidenta, María Inés Figari, calificó el encuentro como “un hito histórico” para las organizaciones gremiales y señaló que “esta será sólo la primera instancia de varias en que nos reunamos en torno a un tema de tanta relevancia”.

Al respecto, la dirigente afirmó que “una posible reforma constitucional del agua pone en riesgo el trabajo de las organizaciones de usuarios del agua que distribuyen el recurso hídrico dando siempre prioridad al consumo humano. Además, la agricultura es una actividad esencial para la vida humana y sólo en Chile es sustento de más de 700 mil familias”.

Por su parte, Patricio Crespo, presidente de Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) manifestó que el acuerdo aprobado por la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado modifica el N° 23 del art 19 de la Constitución "declarando al agua como Bien Nacional de Uso Público, en procura de menoscabar el estatus jurídico del Derecho de Aprovechamiento de Agua al igualarlos en su reconocimiento constitucional, y estableciendo la utilidad pública de todos los derechos de aguas reconocidos u otorgados, dejando despejado el camino para poderlos extinguir sin pago de indemnización". 

En tanto, Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, indicó que al escuchar voces dentro de los dirigentes políticos de Chile respecto a que el agua debe ser del Estado “se debe aterrizar esa idea en la práctica y contemplar que no sólo se trata de hacer un cambio en la Constitución, sino que hay que pensar en las consecuencias de esa decisión. Quienes quieran hacerse cargo del agua deben conocer en mayor profundidad cómo funciona la administración del agua actualmente y los desafíos que existen en esta área y que no se resuelven a partir de firmar una reforma”.

REACCIONES LOCALES. Son diversos los argumentos que sostienen los agricultores en torno a la propuesta de Reforma, señalando que esta iniciativa se origina por una visión errónea del uso que los productores dan al agua.

Mariela Arqueros, Presidenta de Junta de Vigilancia de Río Elqui es clara al destacar que “se ha planteado que la institución del Camión Aljibe es por culpa de quienes administramos el agua en las zonas bajo riego, pero eso es una lamentable falta de conocimiento de la realidad de nuestro territorio. Las Organizaciones de Usuarios de Agua han asegurado el abastecimiento de agua potable a las Empresas Sanitarias y mientras mantengamos la Administración de las Aguas esto está y estará asegurado”.

Por su parte, Luis Pizarro, presidente de la Asociación de Canalistas de Embalse Recoleta explica que “Las organizaciones de riego tienen como primera prioridad el uso del agua para consumo humano, pero se ha mimetizado a los agricultores como alguien que usa el agua para lucrar y en desmedro de otras actividades y no es así; por eso se nos ha entregado los derechos de aguas que nos dan la certeza jurídica para hacer inversiones, poder producir, dar empleo y pagar impuestos; porque el Gobierno todas las inversiones que hace las recupera a través de los impuestos”.

Luis Lohse, Presidente de Junta de Vigilancia de Río Choapa indica que “Esta reforma constitucional no apunta a solucionar de fondo los problemas de manejo del recurso hídrico. Las Juntas de vigilancia hacen distribución del agua de acuerdo a derecho, sin embargo, en la propuesta de reforma no se menciona un fortalecimiento de la DGA con profesionales de carrera para hacer una política de Estado y no según el Gobierno de turno con manejo integral del recurso hídrico. No es la solución una reforma constitucional, que tiene un fin más ideológico que técnico, para enfrentar la escasez hídrica que vive el país”, precisó.

PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN. La actividad contó con la exposición del abogado experto en legislación hídrica, Rodrigo Weisner, quien también fue director nacional de aguas entre el 2006 y 2010. El especialista dijo que las aprensiones de los dirigentes en este sentido son justificadas pues “surge una preocupación debido a que el mensaje que se entrega a los productores agrícolas es que perderán sus derechos y no se entregan argumentos sólidos para el cambio”.

El gran problema que se genera con este cambio a la normativa, advierte, es que “no hay análisis del motivo o problema que se solucionaría con esta modificación y cómo se abordaría la administración del agua el día de mañana. Hay una postura ideológica tras esta propuesta, pero no una postura técnica”.

Consultado respecto a las afirmaciones que han hecho los senadores Adriana Muñoz y Jorge Pizarro (que integran la Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado que impulsa esta iniciativa) respecto a que los derechos ya constituidos no serán tocados, el profesional indica que en ninguna parte de esta modificación se especifica esto.

“La gran duda al poner esto en la Constitución Política es si se va a aplicar retroactivamente a los derechos que ya están constituidos, pero el proyecto de no dice nada al respecto, si es así, que lo digan expresamente en el proyecto”.

A su juicio, debería afirmarse que “en el artículo transitorio las modificaciones que se introduzcan en la presente modificación a la Constitución sólo regirán a los derechos de aprovechamiento que a futuro de la entrada en vigencia de esta reforma constitucional entraran en vigor” pero el problema, asegura, es que no hay nada al respecto. “Entonces, queda sujeto a la interpretación. Uno podrá decir que no es retroactivo, pero otros podrán decir que la Constitución no lo está diciendo, entonces, yo diría que ese es el primer problema que genera mucho ruido”.

De hecho, indica Weisner, una de las reformas constitucionales dice “declárese de utilidad pública para efectos de expropiación todos los derechos de agua” y manifiesta que se le ha preguntado a los senadores para qué es esto. “La razón que dan es que si el Estado quiere expropiar, puede hacerlo, pero solo eso, no se refiere a si se hace por sequía extrema y en Chile el tenor literal de la ley se respeta”.

Con ley actualmente vigente, dice, si se presenta un periodo de sequía el Estado llega y expropia y son las reglas del juego “pero si ahora se puede expropiar por utilidad pública, sin especificar una razón,  se puede hacer por la razón que el Estado se le ocurra, porque no especifica claramente que es por temas de sequía, por eso se justifica el temor de los agricultores”, enfatiza.