Se han judicializado más de US$40.000 millones en inversión

Tras su rechazo por parte del Comité de Ministros, el titular de Dominga, Andes Iron, ingresó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta. 

Recurso que fue acogido por el 1TA, el que ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al informe consolidado, de manera tal que se procediera a una nueva votación, esta vez ajustada a derecho, de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo.

Este caso es, quizás, uno de los más mediáticos de los últimos años en Chile, no solo por lo que involucra su desarrollo sino que también por la judicialización en la que se ha visto envuelto. Especialmente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia que lo volverá a analizar, esta vez ateniéndose a su calidad ambiental, el próximo 3 de marzo. 

En relación a esto, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) elaboró un informe denominado “Judicialización de los proyectos de inversión del SEIA”.

El que realiza un diagnóstico acerca de las reclamaciones llevadas a cabo por el titular de un proyecto en contra de la Resolución de Calificación Ambiental, ya sea rechazada o que establezca condiciones, además, de las reclamaciones de terceros que hicieron observaciones en la participación ciudadana y las reclamaciones de terceros ajenos al proyecto (o titulares) que reclaman respecto de la resolución que resuelve la invalidación de un acto administrativo ambiental. 

De este modo, el informe asevera que desde la creación de los tribunales ambientales se han judicializado 98 iniciativas por un monto equivalente a 40.890 millones de dólares.  

Las que, complementa, se dividen en 46 que ingresaron al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que 52 lo hicieron vía una Declaración de Impacto Ambiental. En lo concerniente a esto, las que entraron con un EIA representan el 47% del total de proyectos y el 87 por ciento de la inversión judicializada, correspondiente a aproximadamente US$35 millones.

Por su parte, acerca de lo ocurrido en el año precedente, el documento señala que “en cuanto al stock de causas en trámite al final de cada período, durante el segundo semestre de 2019 se observa una importante alza en el número de causas, de 17 a 30 y en montos de inversión en trámite, de menos de 6.000 a sobre 10.000 millones de dólares, en relación al semestre anterior”.

Es así como el flujo de causas admitidas a tramitación en las instancias jurídicas y ambientales durante el segundo semestre de 2019, alcanza a las 20, las que representan una inversión más de US$8.200 millones.