A raíz del caso del proyecto Paseo Balmaceda, llama la atención las declaraciones del Gremio de la Construcción, quienes afirman que la situación de esta obra crea incerteza jurídica y mal precedente y llaman a reformar la Ley General de Urbanismo y Construcciones para otorgar garantías.
Al respecto cabe preguntarse si las leyes deben ser garantes del Bien Común o debieran favorecer sólo a un grupo determinado de la población, postergando los derechos del resto de la ciudadanía. Mayor incerteza jurídica provocaría que las leyes se modificaran cada vez que cierto segmento de la población se sintiera afectado de algún modo, o que estas no respondieran completamente a cada uno de sus intereses.
Valdría mejor preguntarse, las razones por las cuales este proyecto ha llegado a la situación en que está y analizar las estrategias seguidas por sus inversionistas, quienes han querido implantar su obra a cualquier costo en la ciudad. Efectivamente, en su afán de insertarse a como dé lugar con su modelo inicial, no se han considerado alternativas de modificación que podrían haber mitigado de mejor manera sus efectos y haber hecho menos invasivo su emplazamiento en el sector. Con tanta intransigencia, se han olvidado que la accesibilidad es fundamental para el desarrollo del comercio y que la vialidad del entorno hacen sostenible el negocio al mediano y largo plazo. Un proyecto será bueno en la medida que logre complementar el objeto de su actividad, con el entorno urbano en que se inserta y con el bienestar de su ciudadanía.
Serán las instituciones jurídicas, las encargadas de develar la correcta aplicación de la legislación vigente, tal como debe ser en un estado de derecho; pero será la población y la ciudad los encargados de legitimar la calidad del proyecto como hecho urbano que perdurará en el tiempo.
Luis Alberto Viada Ovalle
Presidente Delegación Zonal La Serena
Colegio de Arquitectos de Chile
