Paula Medina

Investigadora de la Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central   

En sociedades complejas como la nuestra, la conflictividad social es inherente, e incluso “necesaria”, como dijera Durkheim. En clave neoliberal, además, observamos que en Chile los intereses se multiplican, los recursos se dividen, el poder se acumula y las políticas sociales se restan. En este escenario, de difícil gobernabilidad, resulta tentador echar mano a estrategias añejas, probadas y fracasadas, que disfrazadas de novedad, se reinventan en la retórica y en la práctica política, con sentido cortoplacista, siendo tan burdas y simplonas, como inútiles y perjudiciales.

Esto es lo que venimos observando en forma sistemática los últimos meses. Una suma de proyectos de ley e iniciativas gubernamentales, que no hacen sino crear y recrear la imagen del enemigo interno de turno: Aula Segura, Control preventivo de identidad para mayores de 14 años, Registro voluntario de mochilas, entre otras.

Históricamente, aspectos como la clase, la raza, el género, la etnia, la nacionalidad y la edad, han sido justificaciones tácitas o explícitas para construir el chivo expiatorio que concentrará la atención mediática, la explicación de todos los males y las acciones de la política represiva del Estado. Hoy es el turno de los adolescentes y estudiantes secundarios, aquellos que tuvieron la capacidad en el 2011 de sorprender al mismo Presidente Piñera, exigiendo su legítimo derecho a la educación y la participación. Esta vez el gobierno parece no estar dispuesto a correr riesgos. Es mejor neutralizarlos, dotarse de diversos instrumentos coactivos para prevenir y controlar sus actos, aprovechar en forma oportunista el dolor de las víctimas y legitimar sus propuestas en el gastado y efectista discurso de la seguridad pública.

“No comprenden la gravedad de este tema y obstaculizan las leyes que necesitamos”, señaló recientemente el Mandatario. La verdad, es que justamente porque comprendemos la profundidad del problema, es que somos muchos los que nos oponemos a las iniciativas legales señaladas, entre otras varias razones, porque lo único que hacen es transmitir a los adolescentes que los adultos no somos capaces de hacer otra cosa que negarlos, reprimirlos y castigarlos.

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