La Comisión de Recursos Hídricos del Senado culminó su análisis de la reforma al Código de Aguas, una legislación que data de los ‘80. Ha sido muy bueno para algunos. Sin embargo, también existen severos problemas para muchos. 400.000 chilenos se abastecen hoy con camiones aljibes. El proyecto busca actualizarlo a la nueva realidad del país y del mundo. Enfrentamos el calentamiento global, que junto al incremento poblacional, la contaminación y el uso en actividades productivas han transformado el agua en un bien escaso.En primer término, establece como usos prioritarios el consumo humano, de subsistencia y el saneamiento, los que deben respetarse en el otorgamiento y ejercicio. Con este mismo objeto, se fortalecen las atribuciones de la DGA en casos de severa sequía, permitiendo redistribuir las aguas, en caso que los usuarios no se pongan de acuerdo.Se remarca, asimismo, el carácter de bien nacional de uso público del agua. Como consecuencia, las nuevas concesiones, tendrán un carácter temporal de hasta 30 años, renovables. Ello no afecta a los antiguos derechos, que seguirán siendo indefinidos y sus titulares podrán disponer de ellos. Ningún regante que utilice el agua tiene nada que temer.Otro objetivo del texto es evitar la especulación. Para ello se fortalece el sistema de patentes por no uso, agilizando los remates en caso de no pago y se crea un mecanismo de extinción del derecho que afectará a quien no realizó ni siquiera las obras necesarias para utilizar el agua.Se busca, además, mejorar la gestión. Hoy la información con que la DGA cuenta acerca de los derechos otorgados es insuficiente. Por ello se busca minimizar las regularizaciones administrativas y se fija un plazo para inscribir los derechos existentes.El proyecto debe pasar ahora a la Comisión de Agricultura. Luego será revisado por Hacienda y Constitución. Esperamos que sea despachado antes de culminar este Gobierno. Chile necesita un nuevo Código que compatibilice mejor los intereses particulares con el bien común.
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