El gran empresariado agrícola ya puso en marcha una campaña del terror contra el proyecto de ley de Reforma al Código de Aguas que en los próximos días será votado en la Cámara de Diputados.La estrategia de desinformación busca instalar que la iniciativa es “expropiatoria” y que perjudica a medianos y pequeños empresarios. Tales afirmaciones son destempladas. El proyecto no considera cambios constitucionales a la propiedad privada, sino limitaciones a este bien que es de todos los chilenos.La idea matriz de la reforma garantiza la subsistencia humana a través de la priorización del agua para el consumo y el saneamiento. Frente a la dura realidad que impone el cambio climático y la escasez hídrica, la normativa legal de 1981 debe contemplar un uso racional del recurso.En situaciones críticas, la autoridad podrá aplicar restricciones y limitaciones a derechos perpetuos, dada la función social que tiene este tipo de propiedad. Así, por ejemplo, se priorizará agua para consumo humano y del Agua Potable Rural (APR). Esto permitiría en nuestra región reducir el uso de camiones aljibes y avanzar para que las comunas ya no dependan de este medio de distribución.Otro aspecto clave del proyecto es que entrega mayores facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para fiscalizar el robo del recurso a través de la intervención expedita de la fuerza pública. Si hubiésemos contado con esta herramienta, habríamos impedido con mayor velocidad que una empresa extrajera ilegalmente agua desde el río Limarí para regar hectáreas de almendros, lo que perjudicó el consumo del pueblo de San Julián, en Ovalle.La iniciativa, además, pone fin a la especulación de los derechos de agua. Se impide el abuso del poder del dinero y permite el acceso a quienes necesitan el recurso. También se pone término al sobre otorgamiento de derechos de agua en zonas de restricción o escasez hídrica.En resumen, estamos frente a una reforma que nos permite avanzar en la priorización del agua para consumo humano. Eso es lo fundamental. En la nueva Constitución abordaremos el fin de la propiedad privada del agua para garantizar que este bien nacional de uso público quede debidamente resguardado.