En una entrevista reciente, la Presidenta Michelle Bachelet ratificó que cumpliría su compromiso de cerrar el penal de Punta Peuco durante su mandato. Se trata de un centro de cumplimiento penitenciario, ubicado en la Región Metropolitama, que fue creado en la década de los ’90, tras las primeras condenas contra ex uniformados, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura.Su implementación fue un motivo de gran debate y controversia. La existencia de un recinto especial generó -y sigue generando- muchas críticas, pues se percibe como un privilegio inaceptable, más aún cuando sus beneficiarios han cometido delitos  horrorosos, sin mostrar jamás suficiente colaboración con la justicia o arrepentimiento. Esas mismas razones son las que, a juicio de algunos, hacen inviable también conmutar las penas por reclusión domiciliaria, aún cuando existan razones psicológicas y físicas que pudieran ameritarlo, especialmente en casos de reos que presentan enfermedades terminales. Para crear este recinto, primó, en definitiva, la necesidad de compatibilizar el notable avance que significaba hacer justicia en estas causas -tras décadas de aplicación de amnistía- con el otorgamiento de garantías de seguridad a los condenados y las ramas castrenses. No debe olvidarse que eran años en que el proceso democratizador era incipiente y el tema generaba aún asperezas entre las autoridades y las fuerzas armadas. Basta recordar, por ejemplo, el tortuoso episodio que concluyó en la captura del exjefe de la DINA, Manuel Contreras.Hoy, en cambio, existe amplio acuerdo en que Punta Peuco no tiene justificación alguna. El propio Presidente Piñera lo puso en el tapete, cerrando otro establecimiento de similares características, el Penal Cordillera.Su fin es otro paso más en el largo camino de la verdad y la justicia, una muestra de normalidad institucional y una expresión clara de que la inmensa mayoría de la sociedad chilena mantiene una profunda condena ética a los alevosos crímenes de esos negros años. 

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