¿Seguiría usted una orden que percibe como injusta o incluso perjudicial para sí mismo? El sentido común dice que no y la historia también lo evidencia.
Por allá por el Siglo XIX, el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, acuñó el término “desobediencia civil” para englobar en este concepto su negativa a respetar la normativa que obligaba a pagar determinados impuestos para financiar una guerra contra México, en el entendido de que, si una ley u orden era lo suficientemente injusta, no había que obedecerla y así también lo entendieron figuras como Mahatma Ghandi o Martin Luther King.
Varias décadas después y con una sociedad cada vez mejor informada y empoderada, el aceptar leyes o resoluciones “inicuas” o lisa y llanamente injustas se ha vuelto inaceptable y así lo expresan las paredes, los gritos en las marchas e incluso columnas como esta.
La gente desobedece y lo hace con causa, porque ya no existe tiempo ni ganas para guardar silencio ante un momento en el que se clama justicia. De allí entonces que parezca incomprensible que pese a las múltiples necesidades que la propia gente ha expresado -como prioridad para tener un buen vivir- el Poder Ejecutivo todavía gaste energías en presentar proyectos que no buscan más que criminalizar el legítimo derecho de expresión.
Un derecho que, para el Gobierno del Presidente Piñera, pareciera verse como algo incomprensible, pero que logra entenderse viniendo de parte de una administración que pese a haber sido electa de manera legal carece de legitimidad con un tímido 6% de aprobación que dista mucho de la amplia mayoría que hoy sueña una nueva Constitución Política que garantice igualdad en dignidad y derechos.
