La discusión del reajuste para el sector público

En los últimos días hemos visto el incremento de la conflictividad motivada en el proyecto de reajuste para sector público. La cifra de 3,2%, contemplada en el texto, ha sido rechazada por los gremios y también por el Parlamento, por lo que se está a la espera de un veto presidencial, como único camino para retomar el trámite.Creo que esta discusión es, por lejos, una de las más ingratas y absurdas que existe en el quehacer legislativo. Año a año se sujeta al Congreso Nacional y, por tanto, a los senadores y diputados a decidir respecto de un asunto cuya iniciativa recae exclusivamente en el Gobierno. No está a nuestro alcance aumentar o modificar el porcentaje de reajuste ni los bonos ofrecidos.Puede suceder, como ocurrió ahora, que la decisión se dilate con rechazos eventuales, pero a la larga, la opción definitiva y última para los legisladores es votar a favor de lo propuesto por el Ejecutivo o dejar a toda la administración pública sin reajuste alguno. Es un despropósito institucional donde, en caso de no haber un acuerdo previo, todos pierden. El Ejecutivo, en tanto, ve cómo sus planteamientos son desatendidos y rechazados. Los parlamentarios, que quedan sometidos a la disyuntiva señalada. Los funcionarios públicos que viven esta incertidumbre y son obligados a movilizarse y la ciudadanía, afectada por las movilizaciones y paros.En el mediano plazo, debería modificarse la normativa constitucional y legal vigente con el objeto de establecer el derecho a la negociación colectiva del sector público, cuestión que en los hechos ya se produce, con el objeto de establecer un procedimiento nítido y reglado en sus alcances principales, que refleje las partes reales de estas tratativas.En lo inmediato, es necesario que el Gobierno supere la oferta existente con el objeto de posibilitar la aprobación del proyecto. Las restricciones del erario fiscal para el próximo año no deben impedir hacer un mayor esfuerzo, particularmente con los sueldos más bajos de la administración del Estado.