Mientras  escribo esta columna se está desarrollando ante el Tribunal Constitucional (TC) los alegatos  sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. El TC  debe establecer si una ley ya aprobada está de acuerdo o no con lo estipulado en la Constitución. Pues bien, en el capítulo III artículo  19, la Constitución dice claramente: “La ley protege la vida del que está por nacer”. Y los profesionales de la salud, obligados por el juramento hipocrático, tienen la responsabilidad de resguardar la salud y la integridad de las personas, procurando no ocasionar un daño. Es un deber primordial, superior a las disposiciones de una ley. Por eso nos parece inconcebible que un gobierno civilizado impulse un proyecto de ley titulado “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales”, lo cual es un eufemismo (engaño) por “legislación del infanticidio o asesinato de niños en el vientre de su madre”. Es una estrategia de la izquierda atea para debilitar a la familia, renegando de nuestra cultura humanista y cristiana. Por nuestra parte seguiremos defendiendo la inviolabilidad de la vida humana, sobre todo de seres vulnerables e inocentes, sin importar sexo, edad, raza o creencia religiosa. Nos preocupan en especial los embarazos que son la consecuencia de una violación. La violación es un crimen deleznable cuyo  culpable merece sanción y cuya víctima necesita apoyo, pero no es pretexto para dar muerte al ser inocente que se está desarrollando. No se puede asesinar a  niños que nacerán perfectamente sanos. La vida es sagrada, independiente   de las  circunstancias de su concepción. Legalizando este atentado, se sienta un precedente que en el futuro permitirá agregar nuevas causales. Algunos representantes de la izquierda ya han hablado de un “primer paso”. El objetivo es imponer el aborto como un derecho de los adultos  y una prestación rutinaria en nuestros hospitales. Me opongo a una recaída en la barbarie. Siempre defenderé la supremacía del amor.

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