Por: Carlos Sepúlveda
Las farmacias populares han irrumpido fuertemente en Chile el último tiempo, y al parecer han venido para quedarse ya qué se sitúa para mí, como la gestión burocrática con mayor aceptación de la población.
El nacimiento de estas se debe a los altos costos de los medicamentos en el mercado farmacéutico y a su inelasticidad, la que ha generado ingresos millonarios para los laboratorios y sus distribuidores.
El demandante mayoritario de estos locales populares corresponde a la tercera edad, la que con bajas pensiones ve esta alternativa como un “salvavidas”, ya que sin la opción de estos establecimientos, el costo de los medicamentos en el mercado consume gran parte del sustento económico de sus demandantes.
La polémica en el debate público es amplia, sobre todo en la crítica de los más utilitaristas, los que ven está opción como una intromisión al mercado de los remedios, la cual argumentan dejará en negativo las arcas municipales.
¿En qué momento permitimos que la salud fuese vista como un bien privado y no un servicio público?
Si bien se comprende que hay licitaciones con laboratorios, creo que a estas alturas de desarrollo, no tan solo económico, sino de conciencia social esta temática ya debiese estar resuelta.
La salud en Chile, corresponde a la problemática nacional más relevante, sobre todo por los bajos niveles del servicio público, el cual carece de inversión y no da abasto a la población, por lo que si es necesario un ajuste a los impuestos debemos dar el brazo a torcer. Si queremos un país con dignidad y moral, la equidad debe ser vertical, todos tenemos que dar “para que al otro no le duela”, debemos aportar según nuestra capacidad de pago, entendiendo que no podemos seguir con la dinámica de un país enfermo, donde hay que generar regalías para obtener un medicamento para poder vivir.
