Gasto en empresas estatales

una de las noticias que no debería pasar desapercibida en este verano es el instructivo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, que se envió a las empresas del Estado: “Es necesario recordar a usted que el Fisco mantiene para el año 2017 un escenario económico restrictivo, por lo que ha estimado pertinente instruir a todas las empresas públicas se aplique una política de austeridad en sus costos y gastos”. Por ello se instruye a realizar gastos estrictamente necesarios, disminuir viajes y gastos asociados a publicidad, entre otros.Si bien es una buena noticia, es importante considerar el tema en su conjunto. La tendencia en los últimos años ha sido de aumento del gasto público, excesivas contrataciones en el Estado, en las municipalidades y en las propias empresas estatales, que se suma a un descuido -usando una palabra suave- en el uso de los recursos fiscales. Parte del problema podría ser el “escenario económico restrictivo” de que habla el documento, pero también es muy grave el aumento inorgánico de gastos en las épocas de vacas gordas. En las políticas sociales los recursos siempre son escasos, por lo mismo hay que cuidarlos muy bien y es necesario utilizar la inversión pública y el gasto social en quienes más lo necesitan.Hoy tenemos miles de familias viviendo en campamentos, hay ciudades y campos destruidos por la fuerza de los desastres naturales, muchos ancianos tienen pensiones muy bajas fruto  de la pobreza acumulada por décadas. Ante esa realidad, siempre será prioritario volver a repensar el uso de los recursos y la mejor utilización de los fondos estatales. Al respecto hay dos aspectos que sería bueno considerar. El primero se refiere a las empresas estatales, no sólo al gasto que realizan, sino a su naturaleza y necesidad. Quizá sería conveniente incorporar capitales privados y mayor eficiencia en ellas, democratizando su propiedad y ampliando sus beneficios sociales. El segundo es el gasto público como concepto, que debería llevar a poner límites muy estrictos en el aumento de contrataciones, fijar sanciones muy claras para quienes derrochen los recursos municipales o de una institución del Estado. En otras palabras, no se requiere sólo ajustes pequeños, sino un cambio de paradigma que beneficie a Chile.