Según datos aportados por el Banco Integrado de Programas Sociales (año 2015) existe un total de 297 programas, repartidos en 13 Ministerios y con un monto que asciende a los $5.086.787 millones, en ámbitos de intervención tan diversos como la Actividad Física y Recreativa,  Adultos mayores,  Alcohol/Drogas, Ciencia, Tecnología y Conectividad, Cultura/Artes, Educación, Fomento Productivo, Participación y Organización Ciudadana, Protección Social, Trabajo Dependiente,  Independiente y Emprendimiento,  entre otros.

En la gestión organizacional moderna  - tanto pública como privada -, se hace imperioso examinar en profundidad cuál es la tasa de fracasos versus la de los éxitos; o sea, medir su eficiencia. Pero más allá de los indicadores y técnicas complacientes inventadas en estos últimos años, por ejemplo, por la administración pública (PMG´s, asignaciones por excelencia, indicadores de desempeño colectivo, entre otras tantas), subyace una concepción que a todas luces no ha logrado superar el cuoteo burocrático que hace que los resultados finales de la intervenciones poco o nada importen.

La concepción a la que me refiero es la que le ha otorgado poder a esta “casta burocrática”, basada en el discurso de la puesta en escena, la aplicación y desarrollo de las llamadas “políticas públicas”, y particularmente a partir de la punta de lanza de éstas: los Programas Sociales. Detrás de muchos de éstos y dado su carácter, alimentan un modelo que de paso se ha convertido en el mejor eufemismo para ocultar el carácter de fondo de un Estado que, de la mano de un sinnúmero de instituciones y servicios, persiguen perpetuar la lógica autocomplaciente de cumplir con coberturas ajenas al interés de lograr cambios reales y significativos para nuestro país.

Estos llamados programas sociales han cumplido exitosamente - desde lo discursivo -, el rol de hacer creer a los chilenos que mediante su aplicación, es posible cambiar aquellas prácticas socioeconómicas y conductuales que generan la tan manoseada desigualdad. No obstante, para que los cambios y reales transformaciones impulsadas por dichas políticas y su brazo armado de programas sociales cabe preguntarse: ¿Faltan recursos humanos, monetarios o capacidades de gestión?

En mi opinión, existe claramente un déficit en la macro y microgestión, traducido principalmente en el diseño y aplicabilidad de programas sociales los que, sin duda, deben mejorar particularmente en lo referente a cimentar criterios unificados, pertinentes y oportunos respecto a las prestaciones que otorgan y a las derivaciones y coordinaciones con el supra-sistema.

Esta trama burocrática - cada día mejor remunerada - ha ganado un poder incontrarrestable, entre otras cosas, porque ha demostrado su eficiente capacidad de multiplicar exponencialmente toneladas y toneladas de papeles que se traducen en fichas de autodiagnóstico, diagnóstico, re-diagnóstico; interminables tablas Excel con indicadores y mediciones que nadie entiende y nadie lee; innumerables listados con firmas, huellas dactilares y fotocopias de RUT; sistemas informáticos alimentados con datos que se pierden en la burocracia digital. En suma, millones de papeles y horas perdidas que no aportan valor a las intervenciones y objetivos que estos programas sociales pretenden abordar y resolver.

Miles de profesionales y técnicos que hoy se desempeñan en la administración pública, y particularmente aquellos que decidieron ingresar a ésta con la finalidad de contribuir a satisfacer las múltiples necesidades de los ciudadanos - conocidos también como usuarios, beneficiarios, participantes - más vulnerables de nuestra población, hoy se sienten secuestrados por el poder de esta maquinaria burocrática, desplegando incansables esfuerzos desde sus diferentes especialidades para mantener alimentado este monstruo de mil cabezas, abrumados por no tener el tiempo suficiente para lograr profundizar los cambios en las áreas que realmente se requiere.

¿Qué sentido tiene seguir perpetuando esta incomprensible y demencial inercia burocrática? La realidad de la pobreza, desigualdad y oportunidades para miles de familias de nuestro país no se supera desde la construcción de políticas y programas sociales diseñados desde la comodidad de un escritorio en una linda oficina; menos desde la creación de un caudal interminable de instrumentos, reportes, informes, fichas, encuestas, evaluaciones y registros que aportan poco o nada a un sistema que no es capaz de soportar su propio peso.

Mientras continúe la lógica de la autocomplacencia, que se conforma solo con la entrega de informes estadísticos de cumplimiento de “coberturas”, o el patético ejercicio de cortes de cinta, entrega de diplomas y certificados, seguiremos perpetuando iniciativas ineficientes que solo logran mantener la invisibilización del circuito de la vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

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Autor

Imagen de Christian Aguilera

Licenciado en Turismo de la ULS, con estudios de post-grado en Sistemas de Gestión de Calidad (UTFSM) y Gestión de Emprendimiento (UDP), Candidato a Magister en Educación. Desarrollando actualmente estudios y asesorías públicas y privadas.

 

 

 

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