En la Comisión de Recursos Hídricos que presido, el miércoles pasado aprobamos por amplia mayoría una moción parlamentaria que faculta al Estado para crear y explotar plantas desaladoras.
Esta innovadora posibilidad cobra gran relevancia para nuestra región, debido a la dramática escasez hídrica que vivimos hace años. Parece una alternativa sacada de una obra de ciencia ficción, pero el agua de mar será una de las opciones para enfrentar la aguda crisis de agua dulce.
Por una parte, se podrá disponer del recurso para satisfacer el fundamental consumo humano y, en un futuro no tan lejano, también se conseguirá usarla para otros fines, como el agrícola. En este último caso, se prevé para cultivos intensivos y no extensivos, como estábamos acostumbrados. 
La propuesta permitirá al Estado llevar adelante actividades empresariales con el objeto de fomentar y desarrollar la creación de plantas desalinizadoras, así como la explotación de las mismas. 
El hecho que sea el Estado quien realice la inversión en infraestructura y en su posterior funcionamiento permite que los usuarios finales paguen costos más bajos por el servicio. Nos permite dejar atrás el paréntesis neoliberal del Estado subsidiario y retomar la senda de anteponer los grandes intereses colectivos. 
Por dónde se le mire significan beneficios para todos los chilenos y chilenas.
Los únicos dos artículos que dan vida a la moción fueron aprobados por la casi mayoría de los diputados de la Comisión de Recursos Hídricos.
La única salvedad recayó en el diputado UDI Sergio Gahona, quien se abstuvo. Lamento y rechazo que en su argumentación haya amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional. 
La reserva de constitucionalidad que invocó es una falta de respeto a la soberanía popular y al trabajo legislativo de todos sus pares de la comisión.
Más directo habría sido declarar derechamente que no está de acuerdo con la atribución estatal, porque afecta intereses privados que él representa.
Por el momento, la moción sigue su primer trámite legislativo. Ahora es el turno de que se pronuncien en la sala de sesiones los 120 diputados y diputadas. 
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