La reforma al Código de Aguas no va a quebrar o paralizar las faenas de una empresa agrícola o minera cuando se asegure el consumo humano.Esta es una de las grandes mentiras que ha tratado de instalar la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para defender sus privilegios y que retrata su insensibilidad ante las necesidades de la población. La campaña del terror, sin embargo, no impidió que el martes pasado, tras 5 años de tramitación, la Cámara de Diputados aprobara en general la iniciativa por 63 votos a favor y 32 en contra.Es lamentable y paradojal que el diputado UDI Sergio Gahona lidere el boicot desde la oposición. Él, como integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, votó a favor varios artículos,pero en la sala se pronunció en contra y los calificó de inconstitucionales. Es falso que la reforma expropie derechos de agua. Lo que sí hace es terminar con la especulación y el robo.El gran avance es la priorización del consumo humano y saneamiento. Como se trata de un bien nacional de uso público se antepone el interés común por sobre el particular.En nuestra región, por ejemplo,si la escasez afecta los pozos del Agua Potable Rural (APR) se limitarán temporalmente los derechos de las empresas agrícolas o mineras. De esta forma, desaparecerán los camiones aljibes. Quiero destacar el aporte de los pequeños campesinos de la localidad de Maitenes del Rio Mostazal de Monte Patria. Gracias a su opinión, el artículo 63 también protegerá los bofedales y humedales altoandinos de nuestra región.Espero que el Gobierno le otorgue urgencia a la tramitación en la Cámara Alta. Confío en que la senadora Adriana Muñoz será capaz de seguir irradiando su convicción para democratizar y modernizar el Código de Aguas heredado de Pinochet. El tema de la propiedad privada lo daremos al calor de la nueva Constitución.