Modificaciones al Código de Aguas

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados culminó su estudio de las modificaciones al Código de Aguas. Ahora pasará a la Sala. Paralelamente, el Senado ha venido conociendo otros dos textos sobre el mismo tema: una reforma constitucional y el proyecto de ley sobre fiscalización y sanciones, que se empezó a votar en la Comisión de Recursos Hídricos.Sectores agrícolas han señalado erróneamente que estas enmiendas afectarían los derechos vigentes. Han indicado, además, que se trataría de una expropiación sin indemnizaciones y aventuran que, en caso de judicializarse el asunto, podría llegar a costar al Estado unos 27 mil millones de dólares. Son apreciaciones equivocadas. Suponen que las iniciativas terminan automáticamente con los derechos vigentes. Ello no se señala en parte alguna. Lo que se busca es crear un nuevo régimen aplicable para los futuros derechos y establecer obligaciones razonables para los actuales, que permitan una gestión adecuada y el imperio del bien común.Así, se establece que los nuevos derechos que se otorguen serán concesiones por treinta años. La escasez actual derivada de la sobreexplotación y del cambio climático no permite seguir entregando derechos indefinidos.Respecto de los titulares actuales, se imponen exigencias moderadas, que no afectan el derecho en su esencia. Con ese fin, por una parte, se obliga a quienes tienen derechos no regularizados a hacerlo en un plazo prudente. Sin un catastro claro es imposible administrar en forma eficiente. Por otro lado, se precisan las facultades de la Dirección General de Aguas para adoptar medidas de redistribución en caso de sequía extrema, en resguardo de los usos prioritarios.Más que crear mitos y confundir, los esfuerzos deberían estar puestos en la necesidad evidente de tener un marco jurídico estable y compartido, que compatibilice los distintos usos, pero con un énfasis claro en lo que evidentemente es prioritario: el consumo humano y la sustentabilidad.