El Senado aprobó en general la reforma laboral. Es un avance imprescindible para distribuir mejor la riqueza en el país. Nuestro nivel de salarios es muy bajo considerando los volúmenes de utilidades de muchas grandes empresas.
Una causa de esto es la falta de herramientas que permitan a los trabajadores demandar  mejoramientos con mayor fuerza. La sindicalización está muy debilitada. Desde la dictadura existe aún temor por organizarse. Ello se agrava con las amenazas y presiones de algunos empresarios y con la posibilidad que éste tiene de extender los mismos beneficios a todos sus trabajadores. Así, es difícil para los sindicatos convencer a los trabajadores de su utilidad.
El proyecto evita que el empleador extienda por su propia voluntad los beneficios conseguidos por el sindicato. Todos los trabajadores podrán obtenerlos automáticamente adhiriendo al sindicato o logrando que la organización acepte extenderlos. 
En cuanto a la negociación colectiva, la falta de un piso mínimo hace que en muchos casos sólo se defiendan las conquistas ya obtenidas. La huelga está muy atenuada. El empleador puede contratar reemplazantes, si cumple algunos requisitos mínimos. Además, puede estimular a los trabajadores a descolgarse individualmente. Muchas huelgas parten con entusiasmo y unidad y empiezan a diluirse, cuando transcurren los días, la empresa sigue funcionando, no se reciben sueldos y además llegan ofertas para volver al trabajo.
La reforma avanza estableciendo un piso mínimo y configurando una huelga efectiva, sin reemplazo y sin descuelgue individual. 
Esto permitirá tener sindicatos más fuertes y negociar con más equilibrio. No son medidas extremas, como se ha dicho. Ocurre en todo el mundo, donde además se negocia por rama o sector de actividad para fijar salarios y condiciones mínimas. Sucede también en países vecinos, donde nuestros empresarios han invertido.
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