No creo que exista una empresa, que haya cometido tantos ilícitos en el país. Soquimich, junto con su principal operador a la cabeza, Julio Ponce Lerou, se ha enseñoreado rompiendo todas las reglas de la honestidad, la decencia y el buen proceder.
De las “gracias “ que se le conocen figura el caso Cascadas, la fallida licitación del litio en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, la “Ley Contesse”, cuando a través de correos electrónicos, su gerente iba  pauteando el proceso de royalty minero, al ministro de la época Pablo Longueira, que evidentemente no lo gestionaba gratis.
Agreguemos el financiamiento ilegal de la política, y cómo broche de oro el incumplimiento del contrato que mantiene con Corfo, en el Salar de Atacama.
Es por eso que como bancada del Partido Comunista, junto a los dirigentes Miguel Soto, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios; y Patricio Roco, dirigente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre (CTC), llegamos a la convicción de que el Estado de Chile debe contar con los instrumentos que le permita defenderse de este perfil de delincuente.
Es por ello que presentamos un proyecto de ley para que el litio y Soquimich sean declarados  de “interés nacional”.
Esa convicción la tienen otros parlamentarios, por eso es que la mesa informó a la Cámara el miércoles, que el proyecto se ha declarado admisible y pasará a la Comisión de Minería.
Es preciso que se genere un debate, teniendo como prioridad el Estado chileno.
Este recurso natural  genera millones de dólares en utilidades  y en manos del Estado puede solucionar infinidad de problemas sociales, educacionales y de salud. 
Sólo en noviembre del año 2015, Soquimich declaraba una utilidad de $ 168,5 millones de dólares.
Sufrimos los embates de las crisis de la economía mundial; pero nos damos el lujo de permitir que una generosa y gran fuente de recursos, como el  litio y Soquimich sean torcidamente utilizados por Julio Ponce Lerou. 
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