Ha surgido una polémica por la decisión del Tribunal Constitucional en torno a declarar como inconstitucional el proyecto presentado por parlamentarios sobre el retiro de los fondos previsionales, requerimiento que había sido presentado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Al respecto es necesario hacer dos consideraciones de principios y otras de orden práctico.
En el primer plano se encuentra si los parlamentarios tienen derecho a violar la Constitución y las leyes o están obligados a cumplirlas al igual que los demás ciudadanos; la segunda es si debe existir un organismo que vele por la constitucionalidad las normas jurídicas. En ambos casos la respuesta debiera ser afirmativa, como corresponde a una democracia y a la vigencia del estado de derecho.
El otro problema es operativo y tiene varias aristas. ¿Está funcionando el Tribunal Constitucional como es deseable? ¿Es razonable la forma de designación de sus miembros? ¿Es prudente la resolución de los “empates” a través del voto dirimente del Presidente del organismo? En este caso las respuestas son negativas y ese tipo de problemas ha terminado por poner al TC en entredicho, lo que claramente afecta la institucionalidad, ya debilitada por diversas crisis.
Es de esperar que el proceso constituyente aborde integralmente el tema, sin dejar espacio a resquicios ni a fórmulas creativas pero poco respetuosas del orden vigente; que derechamente entregue iniciativa de gasto a los parlamentarios o bien se los niegue sin ambigüedades. En el caso de TC, que los nombramientos políticos discrecionales desaparezcan, para dar paso a fórmulas más respetuosas del derecho y menos sesgadas por la contingencia.
En definitiva, cualquier país civilizado procura que las autoridades estén sujetas al orden institucional y que no prime el personalismo o la arbitrariedad. Para ello se requieren reglas claras y calidad de la política, lo cual claramente está fallando, a la luz de los resultados legislativos y del funcionamiento del Tribunal Constitucional. En el último año hemos visto caso de parlamentarios que a sabiendas favorecen definiciones extraconstitucionales y luego animan irónicamente al Presidente a recurrir al TC: con eso no se hace política de alto nivel, sino de trinchera. El funcionamiento adecuado de la democracia requiere instituciones sólidas y capacidad política a la altura de las circunstancias.
