Tenemos un órgano colegiado integrado por 10 ministros  titulares y 2 ministros suplentes. Son 12 juristas independientes, destacados y especialistas en derecho constitucional. Es un tribunal creado en 1970 con el fin de velar por que las leyes aprobadas por el Congreso estén conformes con la Constitución Política de la República. Daba tranquilidad a la ciudadanía y aseguraba que en Chile nunca se  promulgarían leyes absurdas o atentatorias contra la dignidad del ser humano. Recientemente el Ejecutivo y el Legislativo aprobaron una ley que despenaliza el aborto en tres casos concretos: peligro de muerte para la madre, inviabilidad fetal y violación. Se pintó la situación con colores bonitos y se la llamó “interrupción del embarazo”, “defensa de los derechos de la madre”, “respeto por la decisión de la mujer”, “derechos de la mujer sobre su propio cuerpo”. etc. Y así convencieron a gran parte de la opinión pública. El problema fue que todo eso ocultaba una fea realidad: legalizar el asesinato de un pequeño ser humano que se desarrolla en el vientre de su madre. Y ninguno de los grandes juristas pudo negar que la Constitución habla claro: “La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer” (cap. III, art. 19). Así y todo, los jueces admitieron la constitucionalidad de la ley. Como humanistas y como católicos, mantenemos que el ser que se está formando en el útero es un individuo de la especie humana, distinto a sus padres; no es una cosa desechable sino un sujeto de derechos humanos, el principal  de los cuales es el derechos a la vida. El que sea fruto de una violación no quita que  sea una personita perfectamente sana, con un enorme potencial en su futuro. Los integrantes del Tribunal, a pesar de sus estudios y sus sueldos millonarios, han faltado gravemente a su deber y tienen la obligación de renunciar. Es la única forma de lavar la vergüenza que manchará sus vidas y sus carreras.

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