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Chilevisión
El contenido recién se conoció durante el fin de semana: son 112 páginas que detallan el comportamiento de redes sociales a nivel nacional tras el estallido social.

Bastante curiosidad causó el jueves el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando -luego de encabezar el Consejo de Seguridad Pública en La Moneda- aseguró que le había entregado al fiscal nacional, Jorge Abbott, “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data”.

Así intentaba poner paños fríos a la creciente tensión entre Palacio y el Ministerio Público, que floreció a raíz de las declaraciones que distintos ministros, e incluso el propio presidente Sebastián Piñera, habían realizado respecto a supuestos antecedentes que tendría el Ejecutivo de organizaciones e intervención de extranjeros en atentados a estaciones de Metro y acciones para promover la agitación social. Afirmaciones que se apuraron en desmentir desde Fiscalía en repetidas ocasiones.

Y si bien Abbott remarcó que no era información de inteligencia, sino sólo de fuentes abiertas, el contenido seguía siendo desconocido para la opinión pública, ya que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) les cedió el informe sin la liberación que exige la ley para hacer uso de los datos en causas penales.

El contenido recién se conoció durante el fin de semana: son 112 páginas que detallan el comportamiento de redes sociales a nivel nacional tras el estallido social.

Según se especifica en el documento publicado por La Tercera, el análisis del big data advierte cinco grupos de influencia en las movilizaciones que iniciaron el 18 de octubre: grupos en contra de las manifestaciones, grupos a favor, jóvenes, figuras relevantes que impulsan el discurso contra Piñera y los defensores del Gobierno (y el modelo chileno).

En particular, señala que el 19,3% de los comentarios generados en redes sociales provienen de personas desde el extranjero, donde destacan medios internacionales de Rusia (RT) y Venezuela (TeleSur), además del cantautor español Ismael Serrano, y el periodista argentino Jorge Lanata, quienes tendrían un impacto en las conversaciones realizadas en redes sociales.

Junto con lo anterior, y tal vez lo más curioso del informe, constata que los jóvenes, que generaron más de 4 millones de retuits relacionados al estallido social hasta el 25 de octubre, son en gran medida aficionados al K-Pop (Pop koreano) y estarían altamente influenciados por medios digitales.

Respecto a las personalidades públicas en redes sociales, los futbolistas Gary Medel y Claudio Bravo, además de las parlamentarias Camila Vallejo y Karol Cariola, generaron 6 millones de comentarios, por lo que -de acuerdo al informe- tendrían alta influencia en las movilizaciones.

La revelación trajo consigo diversas opiniones desde el mundo político y especializado. El senador de Evópoli, Felipe Kast, por ejemplo, aseguró que todo tipo de información debe utilizarse para esclarecer los hechos que desencadenaron en violencia.

“Las nuevas tecnologías cambiaron las formas de organizarse de muchos grupos violentistas. Por lo tanto, toda la información que permita en un estado de derecho hacer frente a los violentistas, debe utilizarse”, señaló.

¿Qué dicen los expertos?

Claudio Casado, experto en ciberseguridad, desestimó la efectividad del reporte entregado a Fiscalía para realizar conclusiones sólidas con la información obtenida. “Son solamente cifras de cómo se han comportado las redes sociales en función de la contingencia nacional. Ese análisis lo único que está diciendo es cómo se está protestando a través de las redes sociales, más que ayudar a establecer una conclusión que sea de tipo judicial”, advirtió.

“Me cuesta encontrar información que sea realmente relevante para poder establecer conclusiones sólidas sobre comportamientos delictuales que estén detrás del movimiento social”, añadió.

En la misma línea, Jorge Pérez, investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD) y del Departamento de Ciencias de la Computación (DCCU) de la Universidad de Chile, reveló que La Moneda había pedido ayuda a un grupo de científicos tras el 18 de octubre para ayudar a confirmar mediante “inteligencia big data” la influencia de las redes sociales en los desórdenes.

Según dijo, en ese entonces le advirtieron al Gobierno que esos informes no servían para comprobar influencia extranjera (ni de nadie) en destrozos en las calles y que tuvieran cuidado con comprar un informe de esas características, porque probablemente en el mercado encontrarían -pese a todo- a alguien dispuesto a vender un producto de ese tipo.

“No nos escucharon porque estaban demasiado interesados en confirmar su punto de vista”, aseguró en Twitter tras la revelación del contenido del informe.

Bárbara Poblete, también académica del IMFD y el DDCC, dijo que explicó en su momento al Ejecutivo que en este tipo de análisis “las conclusiones no se trasladan al mundo real directamente, ya que son datos altamente manipulables”.

Oficio a Interior

Pero también hubo cuestionamientos desde la oposición, por cierto. Tanto así que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ofició al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que transparente el gasto en el que incurrió la secretaría de Estado para realizar este informe de Big Data.

En concreto, “para que Chile sepa cuánto se gastó en la elaboración de este documento. Que indiquen a qué glosa del ítem presupuestario se imputa este gasto y a qué persona natural o jurídica se le encargó este informe. Aquí hay una ridiculez administrativa que no podemos dejar pasar”, subrayó.

Pese a esto, y como era de esperarse, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, respaldó el informe, ya que aseguró que este sí contiene información sobre grupos extranjeros que incentivaban la protesta violenta.

“Cuando uno tiene una arista, que no puede descartar, de que esta destrucción haya sido algo más que interno, sino también, con alguna influencia externa, esa información contribuye”, aseguró.

Aunque ninguno de los antecedentes proporcionados por el Gobierno tendría carácter delictual, el documento está siendo analizado por el Ministerio Público para determinar si podrían ser un aporte a sus indagatorias respecto a los hechos violentos registrados tras el estallido social.

 

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