Gendarme es investigado por 11 casos de cohecho en cárcel de Huachalalume

La Fiscalía confirmó la detención y formalización de un funcionario de Gendarmería, que está siendo investigado por presunto cohecho agravado y reiterado al interior del Complejo Penitenciario de La Serena, en Huachalalume.

La investigación del Ministerio Público, liderada por el fiscal Marical Pérez, data desde el año 2019 y da cuenta de un total de 11 casos, en medio de los cuales el trabajador penitenciario, identificado con las iniciales C.M.P.M., habría recibido diversas sumas de dinero por parte de internos a cambio de proteger e interceder por beneficios intracarcelarios.

Según informaciones recabadas por El Día, se trataría de un suboficial mayor, que se desempeñaba en el último tiempo como jefe de Agrupación. Es decir, estaba a cargo de una sección de módulos dentro del penal, con trabajadores a su cargo.

LOS CASOS

Los antecedentes de la Fiscalía revelan que el funcionario habría recibido dinero de al menos tres internos, a cambio de favores. El primero realizó transferencias bancarias al imputado en tres oportunidades, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019.

Los montos fueron por 240 mil, 300 mil y 20 mil pesos, que fueron depositados en la CuentaRUT (BancoEstado) del funcionario público.

Entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, otro interno realizó pagos en condiciones similares, a la cuenta del uniformado y de una tercera persona, por sumas de 450 mil, 200 mil y 30 mil pesos.

El último de los hechos formalizados, por otra parte, da cuenta de que en el mismo mes de octubre de 2019 recibió tres depósitos, de 20.300 mil, 2.100 y 30 mil pesos en su cuenta bancaria.

El fiscal Rodrigo Céspedes, quien formalizó la investigación, indicó tras la audiencia de cautelares que las coimas se recibieron “a cambio de la realización de prestaciones ilícitas”.

Estas, explica el persecutor, iban desde “proteger a internos que se encuentran recluidos al interior de este penal, para que no fueran objeto de hostigamientos y agresiones”, y también “para intervenir favoreciendo a determinados internos para obtener beneficios intrapenitenciarios”.

El Juzgado de Garantía de La Serena decretó la prisión preventiva para el imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Por otra parte, se otorgó un plazo de 90 días para las investigaciones del caso.

“CONTAMINACIÓN CRIMINOLÓGICA”

La noticia al interior del penal no se hizo esperar. Conversamos con dos funcionarios de Gendarmería, quienes prefirieron mantener su identidad en reserva. Uno de ellos, nos confirma que supo hace un par de semanas que se estaba llevando a cabo una investigación contra uno de los uniformados.

Afirma que en primera instancia no le llamó la atención, ya que las indagaciones sumarias serían habituales. “Incluso por un pequeño error administrativo puedes terminar en sumario, no pensé que era de estas dimensiones”, señala.

Al gendarme no le sorprende. “Lamentablemente uno trabaja con reclusos y existe mucha contaminación criminológica. Muchos están en una delgada línea y empiezan a adoptar ciertas conductas delictivas. Aquí no se hace feedback suficiente y no se ha invertido para ir mejorando este tipo de temas”, sostiene.

Sin embargo recalca que “no son acciones recurrentes” ni que involucren a la mayoría de los trabajadores penitenciarios. “Es un bajo porcentaje”, afirma.

Los antecedentes indican que el imputado habría sido llamado a retiro, por lo que dejó de estar activo en su cargo desde el 31 de marzo, solo un día antes de la formalización.