“Las instancias de derecho para un oficial o un carabinero, son las mismas”

En medio de las celebraciones por el 91º aniversario de Carabineros de Chile, la institución uniformada ha debido hacer frente a un tiempo donde variadas crisis, como la Operación Huracán, el “Pacogate” y una creciente baja en la credibilidad ha puesto en entredicho la confianza de los chilenos, baluarte que por años ostentaron sus miembros.

A nivel regional, no hay que olvidar que se produjo un histórico juicio oral tras la muerte de dos funcionarios policiales en noviembre de 2016, que luego se reiteró y puso en el tapete la seguridad y la entrega de los carabineros ante el cumplimiento del deber.

En ese contexto, el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Rolando Casanueva, en conversación con el programa “Abriendo El Día” de Radio Mistral, la 95.1, hizo frente a todas estas circunstancias. A su juicio, y pese a las dificultades, la institución debe volver a recuperar terreno perdido.

Pero, justo cuando Carabineros intenta recuperarse de esos golpes, a nivel local se conoció el caso de una denuncia de cinco funcionarias de la Tercera Comisaría de Ovalle en contra de uno de los capitanes de esa unidad por acoso sexual, hecho que se está indagando y por lo que se espera que el sumario esté listo dentro de los próximos días.

-General ¿sostiene que estas situaciones pueden calificarse como puntuales?

“Lo que ha ocurrido en Ovalle tiene un proceso investigativo en desarrollo. Se dio cuenta de este hecho al mando de la unidad correspondiente y se dispuso de inmediato las cuentas a la Fiscalía local y a la Fiscalía Militar, procesos que se deben seguir en forma inmediata. No se pueden retrasar. Además, se dispuso del proceso administrativo a cargo de un oficial superior, para que en el más breve plazo tengamos los antecedentes claros y así determinar los niveles de responsabilidad”.

-¿Se puede dar de baja a quien está involucrado en esta acusación?

“No, por el momento fue liberado de sus funciones de mando y lo que estamos buscando es la protección de las víctimas, en este caso las funcionarias que reclamaron contra este capitán, velando así por su integridad para que sean atendidas como corresponde y así dejar que el proceso fluya lo más rápido posible para que yo pueda resolver. Por ende, no puedo pronunciarme más allá y no quiero dar una visión que pueda afectar mis fundamentos, ya que esto podría inhabilitarme en un juicio de valor”.

-A su entender cuando suceden situaciones ¿el trato hacia los generales es el mismo que existe con otros funcionarios?

“En esos casos es exactamente la misma medida. Pero no hay que olvidar que los oficiales tienen un nombramiento presidencial. Por ende, la separación del servicio, si así se determinara, tiene que darse mediante un decreto, que no sale del mando institucional, ya que esto se le debe informar al Gobierno para que se pueda establecer aquél hecho. Pero cuando se trata de un carabinero que es nombrado por el general director, es el mando administrativo el que tiene la atribución. Las instancias de derecho, que tiene tanto un oficial como el carabinero, son las mismas. Ellos pueden apelar, pueden tener el debido proceso, tienen el derecho a ser escuchados y si aportan los medios de prueba y se logra establecer que hay irregularidades, pueden ser reincorporados, siempre desde el punto de vista judicial y administrativo”.

“Lo que tenemos que hacer es cuidar la imagen institucional y así proteger a las víctimas. Es importante que la sociedad sepa que estamos actuando con trasparencia”

-¿Hay relación entre ambos procesos?

“No necesariamente, ya que lo resuelve el proceso administrativo, no tiene injerencia en la parte policial o viceversa. Hay veces que judicialmente La Fiscalía determina que no hay responsabilidades, pero nosotros determinamos de todas maneras alejarlos del servicio. Por esta razón es que debe haber celeridad por parte del  fiscal administrativo, para yo poder resolver conforme a esos antecedentes y determinar el curso de acción, siempre en beneficio de Carabineros. Lo que tenemos que hacer es cuidar la imagen institucional y así proteger a las víctimas. Es importante que la sociedad sepa que estamos actuando con trasparencia”

-Al capitán en cuestión, ¿no se pensó en traerlo hasta La Serena?

“Era una posibilidad, pero traerlo hasta acá requería entregarle beneficios como viático y traslado, pero en este caso lo que se hace es mantenerlo dentro de la misma comuna, con dependencia directa del mando de repartición, que es el prefecto de Limarí, mientras se espera el término del proceso investigativo administrativo, para un mejor proceder”.

-Respecto de las supuestas víctimas, ¿qué está haciendo la institución?

“En lo particular, ya tomé contacto con el centro médico nuestro para contar con un sicólogo, para que pueda entrevistarse con ellas y entregar tranquilidad y transparencia al proceso administrativo. El objetivo es que se sientan protegidas por sus respectivos mandos. Luego, de acuerdo a lo que señale el fiscal administrativo a cargo, yo tengo que resolver en derecho para bien de nuestra institución, que es lo más importante”. 3801i