Pandemia mantiene 52 juicios postergados con 21 imputados en prisión en la región

El impacto del coronavirus llegó a todos los estamentos, incluido el poder judicial. En esa línea, los procesos que más se vieron afectados fueron los juicios orales que estaban realizándose o ad portas de iniciar ya que debieron postergarse en pos de resguardar la salud pública.

Sin embargo, desde la Corte Suprema el pasado 29 de mayo instruyeron que los tribunales orales reprogramaran los litigios, tomando todas las medidas de precaución y utilizando las tecnologías disponibles para llevar adelante las audiencias de manera remota. 

Es así como tanto Tribunal Oral de La Serena, como el de Ovalle están trabajando para dar cumplimiento a la instrucción, lo que no ha sido fácil ya que para ello se requiere el consentimiento de todos los intervinientes. Por lo pronto, ya hubo acuerdo en dos casos que se estaban viendo en la capital regional.  Se trata del proceso por los “loteos brujos”, y el de tráfico de migrantes chinos. 

Connotación pública

Ambos juicios reanudados han tenido una alta connotación pública. En el caso de los “loteos brujos”, en donde existen tres imputados acusados de estafa y venta irregular de terrenos, la cobertura de los medios fue amplia dada la magnitud del hecho que afecta a más de 100 personas con un monto defraudado que ascendería a los 4 mil millones de pesos. 

Y el tráfico de migrantes también causó revuelo. Este hecho quedó al descubierto en abril del 2019, cuando en el juzgado de garantía de Vicuña se formalizó a dos ciudadanos chinos por facilitar el ingreso a Chile desde el país oriental a dos personas asiáticas con visa de turista, obligándolas a trabajar sin remuneración y reteniéndoles sus documentos.  

Cuentas pendientes

Pero específicamente en el TOP de La Serena quedan muchos casos por resolver. Así lo indica la Presidenta del Tribunal, la magistrada Paola Cortés, quien expresa que están en coordinación con los intervinientes, tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública, para poder dar curso a los 28 juicios que no tienen fecha de inicio y donde hay 14 imputados en prisión preventiva.

“Son estos casos donde nosotros vamos a privilegiar el poder ya fijar una audiencia de inicio y por eso nos vamos a reunir con los intervinientes y esperamos que muestren disposición a realizarlo. Mañana (hoy) estaremos revisando dos causas, y la próxima semana dos por día para ojalá llegar a buen puerto y estar dando inicio a los juicios en julio”, especificó la Jueza. 

Entre los casos que se priorizarían para iniciar prontamente estaría el del accidente del Puente Zorrila, ocurrido el 27 de abril del 2019, en donde un conductor en estado de ebriedad chocó a un colectivo en el que se trasladaba una familia de Las Compañías, muriendo el padre y el mayor de los hijos, y quedando la menor de las niñas con daños irreversibles que la mantienen hasta la fecha en estado vegetal. Sólo la madre, Joselyn Traipe, resultó prácticamente ilesa y ha tenido que cargar con todo el dolor. 

Tribunal limarino

En el caso del Tribunal Oral de Ovalle donde se ven casos de la provincia de Limarí y Choapa, tampoco hay claridad sobre cuándo podrán comenzar los 24 juicios que se mantienen postergados, y en donde hay siete imputados privados de libertad. Según precisó la presidenta del tribunal, la magistrada Ana Alfaro, están llevando a cabo labores de coordinación, reuniéndose con las partes para buscar posibilidades de poner fecha a los procesos, y, pese a que ha sido difícil, en los últimos encuentros han visto mayor disposición de los intervinientes.

“Estamos tratando de avanzar en algunas cosas, las que se puedan. Todos estos casos tenían fecha pero se debieron suspender debido al estado de catástrofe, y ahora estamos intentando reprogramarlas para que se realicen de manera remota. Vimos una apertura de los intervinientes, y una intención de poder llevar a efecto prontamente las audiencias, así que creo que vamos bien encamInados”, expresó la jueza. 

Reticencia de las partes 

La reticencia de algunos intervinientes, ya sea de los acusadores o los acusados, está dada por las dificultades que pueden darse al momento de mostrar la prueba en el proceso. Se teme, por ejemplo, que en el caso de un imputado, se pueda ver vulnerado alguno de sus derechos, y de igual forma, resulta complejo conocer el relato de los testigos y estar seguros, por ejemplo, que éste se encuentro solo cuando declara y que nadie le está diciendo lo que deba sostener ante el tribunal. 

Pero también están las limitaciones tecnológicas, ya que los juicios deberán realizarse vía zoom y existen imputados que viven en sectores rurales donde ni siquiera hay conexión a internet. 

Caso impactante

Uno de los casos que tiene que revisarse para ver cuándo se fija una nueva fecha de inicio en el Tribunal de Ovalle, es del presunto homicidio del gendarme en Illapel, en donde un funcionario de la institución murió en confusas circunstancias luego de concurrir a un domicilio cercano a una botillería y otro sujeto lo hiriera con un arma cortopunzante provocándole la muerte.

En una primera instancia, el sujeto que le propinó la lesión fatal había sido condenado a 10 años de presidio efectivo, luego que se descartara la legítima defensa, pero el juicio fue anulado, por lo que la interrogante continúa y deberá resolverse en un nuevo proceso, el que, como muchos otros en la región, todavía no tiene fecha de inicio, ni mucho menos de final.