Muñoz justifica pensión de exonerada y oficialismo dice que esperará investigación

Como una “operación política” calificó la diputada Adriana Muñoz (PPD) los cuestionamientos que ha realizado el oficialismo hacia los legisladores que reciben pensión vitalicia por su grado de exonerado político.
La parlamentaria, que es una de las beneficiadas, recordó que muchos de los legisladores fueron torturados y perseguidos durante años por el gobierno militar.

“El diputado Carlos Montes estuvo dos años preso, fue torturado y exiliado del país junto a su familia. Aquí no existe ningún sinvergüenza como ha querido instalar el Gobierno. Todos hemos sido víctimas de los atropellos a los derechos humanos”, sentenció la legisladora.
Para la congresista lo más lamentable es que están colocando “el dedo en la llaga” de una herida que aún no se cerraría. “Es muy grave lo que está haciendo el Gobierno, porque el crimen a los derechos humanos aún está vivo”.
Esta última frase lo dice como “víctima” del régimen militar. En 1974 fue exiliada lo que significó tener que refugiarse durante diez años en tierras austriacas (Viena). De regreso en el país y por tener la categoría de exonerada política le habrían cerrado todas las puertas laborales. “Eso nos obligó a trabajar clandestinamente en organizaciones no gubernamentales y en trabajos esporádicos. Hay que recordar que quedamos impedidos de trabajar durante muchos años, hasta que se recuperó la democracia”.
Para la legisladora del Noveno Distrito las acusaciones del oficialismo serían parte de una “operación política digitada desde La Moneda y dirigida por el subsecretario Ubilla. Él es una persona muy confrontacional, lo conocemos muy bien en la región por sus declaraciones. Todo esto es parte de un montaje para irse en contra de la presidenta Bachelet”.
Es más. La candidata a senadora señaló que encuentra inaceptable que después de cuarenta años “te comiencen a seguir de nuevo, porque son los mismos apellidos y los mismos que impidieron que la diputada Laura Allende ingresara al país, pese a que se estaba muriendo de cáncer”.
El malestar de la Muñoz es compartido por el diputado Pedro Velásquez, quien durante su intervención en la Cámara expresó su máxima solidaridad con los cuestionados. “Ellos fueron los que definitivamente sufrieron el mayor rigor de todo este proceso que dividió a nuestro país. Quiero solidarizar con cada uno de ellos, con su familia, porque cuando se colocan los nombres y no se dice toda la verdad, la ciudadanía se queda con una sola parte”.
Velásquez formuló un llamado al Gobierno a no utilizar con un carácter político la denuncia hecha por la Contraloría General de la República, en el caso de los falsos exonerados. “En mi calidad de independiente le quiero pedir respetuosamente al Gobierno, la prudencia y la diplomacia, más aún cuando de por medio está el dolor de miles de chilenos”.
Desde el oficialismo, el vocero regional de Gobierno, Iván Espinoza, sostuvo que cada una de las palabras emitidas por el caso de los exonerados políticos era producto del “acalorado ambiente” que se habría generado con las denuncias sobre los falsos casos.
“La discusión está bastante álgida. Han aflorado situaciones que son gravísimas y se está desterrando algo que tendrá una connotación importantísima, por ello se están defendiendo. Pero lo más importante es dejar que la investigación siga su curso”, indicó el vocero.
En cuanto la pensión que reciben los legisladores siente que queda a criterio y conciencia de cada autoridad saber si acepta o no el beneficio.
En tanto, el diputado Mario Bertolino prefirió no emitir un juicio de valor sobre las acusaciones hacia los parlamentarios. “Si existen las condiciones y están acreditados por ley le corresponde. En lo personal creo que los diputados son personas que pueden acreditar su situación, porque no creo que alguien lo haya recibido y no tenga los antecedentes suficientes para acreditarlos”, puntualizó. 

Explicación de Teillier

••• Durante su intervención en el Congreso, Guillermo Teillier reiteró que “no hay ningún mal en ser exonerado. Es un derecho al cual nos acogemos. No voy a renunciar porque es un derecho. Lo que quiero decir es que no usen esto como una campaña electoral sucia. Que es increíble la perversidad con la cual están actuando. Terminen con eso porque no le hace bien al país”.