La decisión del Gobierno de retirar del Congreso el proyecto de ley, que buscaba regularizar el domicilio electoral de cerca de 480 mil votantes, generó escozor en diversos sectores políticos.

Lucía Díaz G, Rodrigo Solís y René Martínez

Esta mañana, el portavoz de La Moneda, Marcelo Díaz anunció que no se llegó a un acuerdo político y parlamentario, para aprobar la normativa que pretendía resolver las irregularidades del padrón electoral. En conversación con El Día, Francisco Villalobos, director regional del Servel se refirió al panorama electoral de la zona.  

¿Cuál es la postura del Servel regional ante el retiro del proyecto?

“El retiro de la ley no fue por aspectos técnicos, yo lo interpreto como una decisión política, ya que no se contó con los votos necesarios en ambas cámaras. Nosotros estamos enfocados en cumplir con nuestro trabajo. Los padrones que se habían preparado para adicionarlos a los tradicionales, ya han sido retirados, no se van a utilizar, puesto que la elección se va a realizar de la forma en que la prevé la ley”.

En relación a la cifra de afectados en la región, ¿aún se maneja la proyección de 20 mil personas o se ha actualizado?

“No hemos tenido una cifra definitiva para la región. Las personas no se han acercado a informar las situaciones de irregularidad, porque por el momento estamos avocados en la elección y no vamos a recibir los reclamos, pero entiendo que una vez que termine el proceso eleccionario esto será una prioridad”.

¿Cómo se podrían haber evitado estos problemas del padrón electoral? ¿Qué faltó?

“No sé si fue afortunado darle funciones que tuviesen que ver con el manejo del padrón electoral al Registro Civil. El organismo tiene obligaciones propias y ya es público que no cumplió con lo impuesto por la ley para determinar los domicilios electorales”.

Estas irregularidades, ¿de qué manera podrían afectar la asistencia de la población a las urnas?

“Cualquier apreciación que se de al respecto es subjetivo, no existe ningún elemento objetivo que permita visualizar la asistencia al acto electoral. Sin embargo, hay que reconocer que es un problema grave, que molesta y que no debiese ocurrir en un sistema electoral, pero afortunadamente sucedió para una elección municipal, peor hubiera sido en una elección presidencial o parlamentaria. La abstención en materia municipal se evidenció hace cuatro años atrás y ojalá ahora no vuelva a ocurrir”

En términos concretos, ¿cuáles serían las consecuencias del retiro de la ley corta?

“No cambia la situación y las personas que van a votar serán las que figurar en los patrones de las respectivas mesas. Una vez que terminen los comicios municipales se tomarán medidas para regularizar la situación, pero será una determinación del Servicio Electoral a nivel nacional”.

Diversas reacciones de parlamentarios de la región.

A días de los comicios municipales, las irregularidades persisten. Bajo este escenario, diversos políticos de la zona han criticado duramente el sistema electoral y la forma que ha tenido el Gobierno de enfrentar la situación.

Para el diputado Daniel Núñez (PC), la aprobación del proyecto significaba “dar un paso adelante, así que lo lamento mucho y creo que corresponde a la presión de la derecha, particularmente de la UDI, que se opuso tajantemente a la aprobación de la ley”, agregando que no podrá votar porque “tengo una larga jornada este domingo apoyando a los candidatos de Coquimbo, Canela y Los Vilos, por lo que será imposible trasladarme a Santiago para sufragar”.

En relación al panorama para el domingo 23 de octubre, siente que existe incertidumbre por lo que pueda pasar en la elección, sin embargo, según dice vislumbra el triunfo de la Nueva Mayoría. “Esta ley expresa una gran preocupación de la derecha, porque están viendo que van a perder en varias comunas emblemáticas y me parece que hay un chantaje político de la UDI, así que veo con bastante optimismo los resultados”.

Si bien el parlamentario Miguel Ángel Alvarado (PPD),  comenta que “no creo que la situación actual marque la diferencia, pese a que se puedan suscitar hechos bochornosos donde alguien pierda por pocos votos”, asegura que le parece lamentable el retiro del proyecto de ley, ya que “el domingo no podré votar. Es el colmo la negligencia, hay que hacer un llamado a cambiar el sistema”.

“Esto no se puede estar viendo a última hora y menos cuando quedan pocos días. Esto se sabía de antes. Hubo gente que no hizo bien su trabajo como Servicio Electoral (SERVEL) y los ministerios que tienen que estar coordinando esto”, enfatiza.

En esta misma línea, el diputado Sergio Gahona (UDI) califica el accionar del Gobierno como un acto irresponsable. “Lo único que queda demostrado es su ineptitud, improvisación y desprolijidad. Nos parece inaceptable. Queremos también renuncias express. Acá quedó demostrado que el Gobierno no contaba con el apoyo de la oposición, ni de los independientes, ni de sus propios parlamentarios”, señala.

“Dentro de la coalición Chile Vamos, estamos evaluando seriamente la posibilidad de acusar o interpelar constitucionalmente a ministros de Estado, porque esto no se puede quedar así. Nos parece que esta es una situación límite que debe ser asumida con la responsabilidad que se merece”, agrega.

Por su parte, Matías Walker (DC), se sumó a las palabras de sus colegas al referirse al hecho como una vergüenza y una mezquindad política. El diputado puso énfasis en una situación preocupante que es el “caso de las comunas pequeñas, con pocos electores, donde históricamente ha habido denuncias de traslados de votantes de otras comunas, respecto a lo que podría pasar si los resultados son estrechos”.

Sin duda, uno de los más molestos con la negativa de la tramitación de la ley express que buscaba solucionar el problema surgido tras los numerosos cambios de domicilio en el padrón electoral, fue el diputado Raúl Saldívar (PS).

Primero, el parlamentario señaló que “el bochorno político que hemos vivido tiene a mi juicio dos capítulos que son importantes y que los quiero destacar. Lo primero es que no podemos desconocer que estamos frente a un hecho extremadamente grave y delicado que atenta contra el derecho constitucional que tienen los chilenos de sufragar en los procesos de elección y donde existen responsabilidades que tienen que ser dilucidadas entre el Servel  y el Registro Civil. Es un asunto que se logrará en función de una investigación sumaría y que arrojará resultados para saber quiénes son los responsables y así rendir cuenta al país de su ineptitud”.

En segundo lugar, apuntó que “se buscaba una solución transitoria para que aquellas 500 mil personas afectadas por esta situación no se quedaran sin votar. Y se buscó una solución que tal vez no sea la mejor, que por ahora y en las circunstancias que nos encontramos, podía resolver transitoriamente la situación, permitiéndoles votar donde ellas estimen en función de los padrones que se arreglarían para el efecto. Sin embargo, no contamos con el respaldo de la derecha, lo que me pareció una falta de colaboración con la democracia y sobre todo una pertinacia absoluta en la búsqueda siempre de buscar sanciones por sobre todas las cosas antes de encontrar una solución inmediata. En consecuencia, no vamos a tener esta situación, no vamos a tener a estas 500 mil personas con la disposición de votar y vamos a contribuir a la mayor abstención. Creo que la derecha busca deslegitimar el sistema, ya que siempre hemos visto y hemos constatado que les importa un comino la reinstitucionalidad democrática y los pilares que le dan sustento a la vida republicana. En ese contexto estoy bastante consternado. En nuestra bancada existe mucha desazón por esta situación y aunque algunos lo interpretarán como una derrota política para el gobierno, en la práctica creo que es un infortunio que va afectar a muchos chilenos”.

Por último, indicó que “espero que una vez terminado este proceso se busque las responsabilidades de los órganos públicos  donde está radicado el problema y se aplique las sanciones que correspondan”.

 

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