Un intenso debate ha generado la noticia publicada este lunes por El Día, en la que se dio a conocer un estudio desarrollado por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte (UCN) que concluyó que existe exposición a plaguicidas en los habitantes de los sectores rurales de las provincias de Elqui y Limarí y que esto estaría provocando daño cognitivo, no solo en quienes trabajan manipulando estos químicos, sino que además en quienes viven en los sectores aledaños.
La información la dio a conocer la doctora en ciencias biológicas y académica de la UCN, Floria Pancetti, quien lideró la investigación, junto a la doctora Muriel Ramírez, del departamento de Salud Pública de la misma entidad.
La profesional explicó que las muestras se tomaron entre 2011 y 2014 y que el análisis tenía como objetivo por un lado determinar la presencia de estos químicos en las personas que viven en estos sectores geográficos de la región y por otra ver los efectos epidemiológicos que éstos estarían teniendo en la salud de las personas.
Para ello, se dividió a la población en estudio en 3 grupos. Uno compuesto por gente no expuesta a estos químicos (habitantes de la Serena y Coquimbo), además de dos grupos potencialmente expuestos, un grupo ocupacionalmente (que trabaja en la manipulación) y el otro ambientalmente expuesto, que son los que viven en los sectores aledaños.
Para medir los niveles de exposición, se optó por hacerlo de una forma indirecta “a través de unos biomarcadores en sangre, que son proteínas que están en la sangre cuya actividad se altera en presencia de los plaguicidas. Entonces uno no mide el plaguicida, pero mide la actividad de este biomarcador, que son unas enzimas, que son las colinesterasa”, detalló Pancetti.
“Estamos a la espera de conocer estos resultados para ver qué medidas se puedan tomar”, Alejandro García, seremi de Salud.
El estudio de la UCN desafortunadamente arrojó resultados que son bastante desalentadores, ya que concluyó que efectivamente en las personas de las zonas rurales de Elqui y Limarí existe un impacto por los pesticidas. “Cuando nosotros miramos el marcador de exposición que contempla la ley vemos que aproximadamente un 20% de la muestra que estudiamos presenta niveles de exposición por sobre el límite de tolerancia biológica que declara la legislación chilena”, indica Pancetti.
Esto, detalla “significa un umbral a partir del cual ya hay riesgo para la salud. La legislación chilena establece ese límite en el 30% de inhibición del biomarcador”.
En este sentido, agrega que “lo que vimos es que había una alta prevalencia de exposición cuando ésta se estima en base a los criterios que establece la legislación chilena y esa prevalencia es de alrededor de un 20% tanto en los ambientalmente expuestos como en los ocupacionalmente expuestos, ese dato también es preocupante”.
Daño cognitivo
Pero aparte de verificar la posible presencia de pesticidas en el cuerpo, les interesaba además medir algún impacto clínico en la salud de las personas. “Nos interesó una manifestación que pasa prácticamente inadvertida que es el deterioro cognitivo. Hay mucha evidencia que indica que la exposición crónica por muchos años a plaguicidas puede estar asociada con enfermedades de tipo neurodegenerativo como el Párkinson y el Alzheimer y una manifestación temprana de eso es el deterioro cognitivo”, puntualizó.
Para ello, lo que hicieron los profesionales es que a las personas en análisis les aplicaron un conjunto de test para evaluar, por ejemplo, memoria, capacidad de planificación, psicomotricidad, entre otras.
En este sentido, también los resultados son inquietantes puesto que se pudo detectar que los plaguicidas estarían provocando daño cognitivo en las personas. “Vemos claramente que la gente ocupacionalmente expuesta, que lleva más de 15 años trabajando en labores agrícolas, claramente tienen mayor deterioro, sobre todo en memoria y psicomotricidad, que la gente ambientalmente expuesta”.
Las muestras de los grupos de exposición (laboral y ambiental) se compararon con el de los no expuestos (que habitan en La Serena y Coquimbo) y, asegura, la diferencia fue notoria “o sea, la gente de la conurbación está prácticamente normal, aplicándole las mismas pruebas”.
Sobre el conocimiento que tienen las autoridades de este tema, la doctora Floria Pancetti especificó que los informes han sido publicados y que de hecho el Instituto de Salud Pública actuó como mandante del estudio. Aunque indicó que están a la espera de exponer en la mesa regional de plaguicidas, compuesta por la seremía de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la dirección del Trabajo y la Sociedad Agrícola del Norte (SAN)
Asimismo, contó que este trabajo no se ha estado llevando a cabo sólo en la Región de Coquimbo, sino que se están haciendo investigaciones similares en la universidad Católica del Maule, la pontificia Universidad Católica en Santiago y la Universidad de O´Higgins, lo que ha llevado a crear una red a nivel nacional de investigación de plaguicidas.
Todas estas casas de estudio también se han dedicado a difundir los resultados que han obtenido (similares a los de Coquimbo) y a la fecha continúan con proyectos en esta línea.
La académica señaló que no han identificado un compuesto específico que esté generando este problema y que una de las hipótesis es que se trata de productos autorizados por la legislación chilena, pero que lo que estaría fallando sería la forma en que se aplican.
Reacción en las autoridades
El seremi de Salud, Alejandro García, señaló que efectivamente conocen la existencia de este estudio y que se ha conversado en la mesa regional de plaguicidas que menciona Pancetti. “La UCN nos informó que tenían este estudio, pero no tenemos los resultados ni la presentación final y quedamos de acuerdo en que se iban a presentar en la próxima reunión que se realizará para tener todos los antecedentes”.
Plantea que siempre han valorado los aportes en materia científica que puedan surgir desde la academia en la parte salud y epidemiológica, porque sirven como orientación para mejorar las políticas existentes. “Todo esto ayuda a que nosotros como ministerio tomemos distintas determinaciones en conjunto con otros ministerios y otras entidades”.
En este sentido, recalca que están a la espera de conocer estos resultados “para ver qué medidas se puedan tomar”.
Dice que de igual forma están intensificando las fiscalizaciones en los lugares donde se está produciendo estos problemas “verificando si se están utilizando los productos adecuados, las maquinarias. También hacemos mediciones en el organismo del trabajador y se dan las indicaciones de cómo manejar los plaguicidas”.
Respecto a cómo han visto el cumplimiento que existe de la normativa, García señala que han detectado que la gran mayoría cumple “pero tenemos algunos casos donde la aplicación del plaguicida es hecho en forma errónea, que se aplica, por ejemplo, cuando hay viento y se generan los problemas que hemos visto, pero no han sido de carácter grave”, precisó.
Agrega que espera tener pronto esta reunión informativa “para intensificar algunas medidas o tomar algún otro tipo de determinaciones, pero ya a nivel gubernamental”, puntualizó.
El Día también tomó contacto con la oficina de comunicaciones del SAG regional, desde donde informaron que por el momento no se referirán al tema y que esperarán tener antecedentes más acabados respecto del sondeo.
Agricultores preocupados
Por su parte, Carla Carmona, Secretaria Ejecutiva de la SAN, señala que como entidad ya estaban en conocimiento de los resultados de este estudio desde enero y que “inmediatamente se contactó a la doctora Florida Pancetti de la UCN para solicitar más información poder analizar los resultados con el comité de plaguicida del cual pertenece la Sociedad Agrícola del Norte”.
Agrega también que sostuvieron una reunión con el director regional del SAG los primeros días de febrero “para planificar en conjunto una ronda de charlas en las 3 provincias, que estarían relacionadas con el correcto uso de plaguicidas, normativas y plaguicidas no permitidos”.
Carmona recalca que como asociación están preocupados por el tema y en que se resuelva. “Nuestra postura es velar por el uso correcto de los plaguicidas, ya que la salud humana prima por sobre cualquier práctica económica. A nivel mundial las aplicaciones en la agricultura están regularizadas y Chile no está ajeno a esto, se sabe que plaguicida aplicar y la correcta manera de hacerlo”.
Lo fundamental, dice, es que quien siga en el mundo agrícola debe hacerlo “de manera responsable, informado, utilizar productos permitidos, respetar carencias de los productos y aplicar con todas las medidas de seguridad pertinentes. Debemos recordar que los afectados no solo son los trabajadores agrícolas, también son los productores y sus familias”.
“Nuestra postura es velar por el uso correcto de los plaguicidas”, Carla Carmona, Secretaria Ejecutiva de la SAN
Precisó que en nuestro país existe un listado de plaguicidas que no están permitidos “y muchas veces por desconocimiento se compran en un mercado informal por ser más baratos y estos se aplican en pequeñas parcelas. Por tanto, creemos que la fiscalización y la correcta capacitación a nivel de escuelas rurales (apoderados y alumnos), las que se entregan en los predios y las instituciones públicas son fundamentales”.
Por el momento, puntualizó, están a la espera de poder sesionar en el comité de plaguicidas a nivel regional con el resto de las entidades para analizar los resultados del estudio. 3701iR
El estudio
El estudio desarrollado por la Escuela de Medicina de la Universidad Católica del Norte (UCN) se denominó “Desarrollo de un Biomarcador Eritrocítico de alta sensibilidad para el Diagnóstico de Exposición prolongada a pesticidas organofosforados”.
Tenía como objetivo por un lado determinar la presencia de estos químicos en los habitantes de las zonas rurales de las provincias de Elqui y Limarí y por otra ver los efectos epidemiológicos que éstos estarían teniendo en la salud de las personas. Las muestras se tomaron entre 2011 y 2014 a 3 grupos (de 100 personas cada uno aproximadamente) en la mayoría de las localidades de estos valles. La iniciativa tuvo un costo superior a los 300 millones de pesos y fue financiada a través del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) de Conicyt.