El pasado 15 de noviembre los chilenos Felipe Osiadacz, de 27 años y Fernando Candia, de 30, fueron sentenciados a dos años de prisión en Malasia por la muerte de la mujer trans Yusaini Bin Ishak, hecho ocurrido el 4 de agosto de 2017 en el hall de un hotel en Kuala Lumpur, capital de la nación.
El caso de estos jóvenes se convirtió en una de las noticias internacionales más seguidas por los chilenos. En un principio fueron procesados por asesinato, un delito por el que arriesgaban la horca, según las leyes judiciales en Malasia.
Sin embargo, los involucrados se declararon culpables de ‘homicidio culposo’ y el juez de la causa determinó sentenciarlos a 24 meses de cárcel. Debido a su buen comportamiento cumplieron poco más de 15 meses, al contarse el tiempo que pasaron en prisión preventiva mientras comenzaba el proceso judicial en su contra, que partió el 1 de agosto de 2018.
Los primeros días de diciembre fueron puestos en libertad, pero no podrán abandonar el país hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, que consideró insuficiente la sentencia dictada. Los representantes de dicho organismo habían ofrecido la rebaja del cargo y pedían tres años de presidio.
El trámite de apelación podría tomar de ocho meses a un año.
Tras dejar la cárcel Sungai Buloh, fueron trasladados hasta un recinto penal para inmigrantes y posteriormente a una oficina de inmigración donde pudieron regularizar su estadía en el país asiático al adelantar el procedimiento de visado. 6101i
OTRA SONADA DETENCIÓN
El chileno Víctor Manuel Ortega Rocha (34), fue sorprendido portando 0,05 gramos de semillas de marihuana en Indonesia, país que aplica duras penas de cárcel por tráfico de drogas.
El arquitecto que cursó sus estudios en la Universidad de La Serena fue detenido en la ciudad de Bali el 12 de julio, por llevar consigo las semillas que compró legalmente en los Países Bajos.
En septiembre, la defensa del chileno apeló al uso medicina de la marihuana. La idea era conseguir una recalificación de los hechos y obtener acceso a “rehabilitación de seis meses a un año”.
Otro caso que alertó de la necesidad de conocer las leyes de otros países. Foto: Emol
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