Al igual que en otras zonas del país, en nuestra región vivimos nuestra propia emergencia en relación a la disponibilidad y acceso al agua. Fuera de los condenables hechos de violencia que ocurrieron en Santiago, y que no se justifican de ninguna manera incluso respecto de un bien público que es sinónimo de igualdad, redistribución del ingreso y equidad territorial, como el metro; se esta incubando un descontento en la región de Coquimbo y otras zonas del país por la situación hídrica y la falta de acceso al agua. 

Por esta razón tiene hoy más sentido la posibilidad de integrar la Mesa Nacional del Agua, a la que fui convocado por el gobierno, con presencia transversal de distintos sectorespolíticos y sociales. Así como no han habido respuestas oportunas que explican las manifestaciones en Santiago, también hay un malestar social que se está cultivando por la falta de acceso al agua, que debe tener soluciones y respuestas concretas. 

El ser invitado a esta Mesa Nacional del Agua lo asumo con mucha responsabilidad. Nuestra intención es representar las necesidades y las posiciones de quienes viven en la región, sufren la escasez de agua en sus actividades diarias y tienen propuestas para la disponibilidad y acceso. Nos vamos a reunir a trabajar con comités de agua potable rural, con el Consejo Regional Campesino, con agricultores, productores, canalistas, investigadores y académicos; precisamente para representar en esta mesa hídrica lo que demanda la ciudadanía en la región.

A mediados de diciembre ya debiéramos entregar un conjunto de medidas a partir del trabajo de esta Mesa Nacional del Agua. Seguramente se hablará de avanzar en obras de infraestructura, incluyendo las plantas desaladoras y el plan de embalses. Pero también el marco regulatorio; porque la ciudadanía no acepta que se siga dilatando la aprobación de la reforma al código de aguas que en la Cámara de Diputadosya despachamos al Senado el año 2016, que establece el carácter temporal de las concesiones de agua, que establece también que caducan los derechos de aprovechamiento para quien no la ocupa y para quien especula con el recurso; y donde se prioriza el agua para el consumo humano, el uso sanitario, los comités agua potable rural y la producción de alimentos.

Una de las principales conclusiones debiera ser, entonces, no seguir haciendo más de lo mismo, e incluso definir de quién es el agua y como se redistribuye este vital recurso.

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