De verdad esperamos que el veto presidencial aditivo que se ha anunciado para el proyecto de reajuste del sector público en nuestro país traiga mejoras para los empleados fiscales que durante las últimas semanas se han movilizado en cada una de las regiones.En la Cámara de Diputados nos hemos visto prácticamente en la obligación moral de rechazar en dos ocasiones la propuesta de reajuste del gobierno de un 3,2%, a fin de que puedan mejorar su proyecto, que no se condice con la variación de la canasta básica de alimentos que ha aumentado más que el IPC.Por nuestra parte, hemos estado en permanente contacto con dirigentes e incluso hemos participado de sus asambleas para dar cuenta del trámite de la Ley, y también para conocer su visión respecto de este proceso, el que enfrentan movilizados porque consideran que el ajuste fiscal no puede pasar por quienes hacen funcionar las políticas del Estado y por quienes tienen bajas remuneraciones.Corresponde hacer memoria respecto de este proyecto y de nuestras propuestas. El proyecto original consideraba dejar sin reajuste las remuneraciones sobre los 6 millones de pesos. Nosotros hemos planteado que es posible congelar las rentas desde los 4 millones de pesos, en todas las reparticiones, ministerios y poderes del Estado, incluidas empresas estatales, y así destinar ese dinero a mejorar el reajuste a las rentas menores. No hemos sido escuchados, aunque no se comprometen más recursos.También hemos insistido en nuestra propuesta de reajuste con una escala inversamente proporcional, en la que trabajadores con rentas más bajas tengan un mayor porcentaje de reajuste y las rentas más altas un porcentaje menor o nulo. Se podría avanzar, por ejemplo, en una propuesta para varios años, que considere el IPC, el PIB y otros criterios económicos, sin dejar de lado el factor social y el aporte cotidiano que hacen quienes trabajan para el Estado.De verdad esperamos una propuesta distinta respecto del reajuste, bonos de término de conflicto y de vacaciones para el sector público. Y también, como hemos planteado hace tiempo, mayor diálogo desde el Ejecutivo con los parlamentarios y también con los gremios y trabajadores. Especialmente con quienes son los responsables de llevar adelante las políticas del Estado. 

 

 

 

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