Hace algunos meses, lamentablemente, fue noticia la falta de criterio que en muchos casos utilizó el Poder Judicial para otorgar la libertad condicional a algunos reos en el país que, según se conoció posteriormente, no tenían una recomendación favorable por parte de Gendarmería.Lo dijimos en su momento.  A la libertad condicional pueden postular quienes han cumplido más de la mitad de sus condenas, pero también dijimos que la comisión de libertad condicional debía considerar otros antecedentes, como el daño causado, la conducta al interior de la cárcel y que la persona no sea un riesgo para la sociedad cuando esté en libertad. La polémica por libertades condicionales para autores de delitos sexuales contra menores, personas que cumplían condena en cárcel de máxima seguridad, narcotraficantes, e incluso autores de parricidio, motivó un proyecto de ley que esta semana aprobamos en segundo trámite en la Cámara de Diputados.Se trata de una reforma al sistema de libertad condicional, que tiene como principal premisa que éste no es un derecho sino un beneficio al que pueden postular los internos cuando hayan cumplido al menos la mitad de su condena; siempre que hayan tenido una conducta intachable durante su reclusión, haber accedido a un permiso de salida ordinaria y contar con un informe de reinserción social favorable por parte de un equipo profesional idóneo del Centro de Cumplimiento Penitenciario en el cual se encuentra recluido, para establecer posibilidades reales de reinsertarse en la sociedad.A este beneficio, por razones de criterio, no podrán optar condenados por delitos como homicidio, homicidio calificado, violación, secuestro, sustracción de menores, detención ilegal, tormentos y asociación ilícita, por hechos cometidos durante la dictadura cívico militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y si actuaron como agentes del Estado o ejerciendo funciones públicas, porque autores de crímenes que atentan contra los derechos humanos no pueden ser merecedores de beneficios de este tipo.Asimismo, esperamos que desde el gobierno se avance en la creación de tribunales de ejecución de penas, para que con una evaluación jurisdiccional se pueda aplicar el principio de progresividad de las condenas y que quienes vayan teniendo buena conducta, puedan avanzar hacia la obtención de beneficios. 

 

 

 

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