El déficit habitacional es un problema grave que afecta a un 2.2 millones de personas en Chile. Lo que sumado a la lentitud de los proyectos en esta materia ha generado descontento en la población, ya que sienten que no son escuchados y que sus demandas no son tomadas en cuenta por los organismos del Estado. Por ende, se traduce en manifestaciones y protestas.
Otro problema que se presenta en nuestro país, son los conocidos campamentos, los cuales han mostrado un incremento según el catastro realizado por el Minvu durante 2018, donde se pudo contabilizar que existen 822 a nivel nacional con un total de 46.423 hogares. Donde existe un déficit en muchas áreas, tales como el acceso a agua potable, servicios eléctricos y sanitarios, que finalmente generan una mala calidad de vida.
A su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. Por lo cual, se puede señalar que el Estado chileno vulnera los Derechos Humanos de millones de personas que no pueden tener acceso a la vivienda (casa o departamento). Sumado a la constante brecha entre el precio de las viviendas y los ingresos familiares, donde según un informe realizado por la Universidad Católica indica que los valores han incrementado en un 150% durante la última década en el Gran Santiago.
También existen ciertas autoridades de este país que tampoco han mostrado un compromiso serio frente a este problema. Es el caso del recordado exministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, quien aseguraba por medio de una entrevista que gran parte de los chilenos eran propietarios de una vivienda y que además podían darse el lujo de tener un segundo auto y una casa en la playa, lo que está claramente alejado de la realidad.
Más allá de eso, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha decidido llevar a cabo un proyecto inmobiliario popular dentro de su comuna que busca poder concretarse durante el año 2020, donde se invirtieron alrededor de unos $1.339 millones con el propósito de ayudar a familias y personas de escasos recursos, además de asegurar derechos, mejorar su calidad de vida y otorgándoles la oportunidad de poder arrendar un departamento. De este modo, lo primordial es establecer precios más justos y accesibles para ellos. Aunque, aún no se han definido los mecanismos de postulación para acceder al beneficio, pero el alcalde asegura que serán los mismos estándares que han mantenido a la Municipalidad de Recoleta dentro de las 10 municipalidades más transparentes del país.
Finalmente, hay que considerar que apenas este proyecto se vea concretado debiese seguir replicándose (al igual que las farmacias populares que han sido un total éxito) en los distintos municipios del país, de tal manera de seguir construyendo un Chile mucho más justo para todos y todas.
