Ética en la gestión y administración del Estado

En la última década hemos sido testigos de la irrupción triunfal de la ética en el debate público. Muy particularmente surge, entre otras cosas, impulsada por aclamación ciudadana y por el actuar consciente de algunos protagonistas del quehacer público que centran sus propósitos en la consolidación del bien común. La ética aparece entonces como una solución o fármaco  para lo que muchos estudiosos de la filosofía moral  intuyen como una urgente y necesaria reconstrucción del tejido moral de nuestras instituciones y de la sociedad en su conjunto. Tras la recuperación de la democracia, pese a la incredulidad de algunos fanáticos, nuestro país  centró su mirada colectiva, en la ética de los derechos humanos, pues ya se hacían evidentes las atrocidades de la dictadura, logrando que  el velo forzado de las armas perdiera  fuerza en su afán de ocultamiento. Luego, surgió la discusión de los aspectos valóricos de la sociedad, tales como: la categorización de los hijos;  el divorcio, la píldora del día después, el aborto, la homosexualidad, la eutanasia y tantos otros interesantes debates impregnados por una cultura conservadora que menospreciaba la libertad del individuo. Tales discusiones dejaron de lado aspectos tan relevantes y de contenido ético como lo son la pobreza y la profunda desigualdad de nuestra sociedad. La Presidenta Bachelet ha sido la impulsora y ejecutora de un programa de gobierno que se esmera en abarcar temas relevantes como: la justicia distributiva, las libertades individuales, la igualdad de la mujer, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, las minorías étnicas, la actividad empresarial, los funcionarios/as públicos, la separación de la política del mundo empresarial, el combate a la colusión de los negocios, entre tantos otros aspectos. Hoy, estamos teniendo un nuevo avance para la ética cívica, pues la Presidenta presentó los nuevos Códigos de Ética de las Instituciones Públicas de la Administración Central del Estado, medidas administrativas contempladas en la Agenda de Probidad y Transparencia y que es otra respuesta democrática a la expectativa de la ciudadanía de avanzar en honestidad, transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.