Cuesta entender el criterio que, en muchos casos, utilizó el Poder Judicial para otorgar el beneficio de libertad condicional a algunos reos que, según hemos conocido en estos días, no tenían una recomendación favorable por parte de Gendarmería.
Es cierto que la libertad condicional es un beneficio al que pueden postular quienes han cumplido más de la mitad de la condena de cárcel, pero también es cierto que la Comisión de Libertad Condicional debiera tener a la vista antecedentes como el daño causado por el o los delitos cometidos, la conducta que haya tenido al interior de la cárcel y el que no sea un riesgo para la sociedad cuando esté en libertad, por ejemplo, para otorgar este beneficio.
Entonces cuesta entender que se otorgue la libertad condicional a condenados por violación, por delitos sexuales contra menores, a 12 personas que cumplían condena en cárcel de máxima seguridad, narcotraficantes e incluso autores de parricidio que estaban condenados a cadena perpetua, entre ellos uno que abusaba sexualmente de sus hijas cuando lo visitaban en la cárcel. 
Estamos hablando de 109 casos de reos de alta peligrosidad de los cuales Gendarmería había recomendado no otorgar el beneficio.
Cuando la ciudadanía con razón nos pide a todos poner atajo a la delincuencia, es una señal contradictoria que el Poder Judicial, aunque tenga el derecho a hacerlo, otorgue este tipo de beneficios a quienes Gendarmería, institución que hasta ahora evalúa su comportamiento y rehabilitación, considere que son un peligro para la sociedad.
Eso nos lleva nuevamente a reflexionar en serio sobre la Agenda Corta Antidelincuencia que en parte ya aprobamos. En ella buscamos limitar la discreción de los jueces para aplicar beneficios y estamos ampliando el catálogo de delitos en los cuales no se admite la libertad condicional, sino hasta que se hayan cumplido dos tercios de las condenas.
 A los de homicidio, violaciones, abuso sexual, agregamos también el robo con intimidación, robo con fuerza sobre las cosas, robo en lugar habitado, que son los delitos que más frecuentemente afectan a la ciudadanía.
Y junto con ello tenemos que preocuparnos de una verdadera rehabilitación en las cárceles, pero también hemos propuesto al Ejecutivo legislar para implementar un Tribunal de Ejecución de Penas, que, con más antecedentes a la vista, pueda evaluar si un interno obtiene la libertad condicional porque se trata de un beneficio y no de un derecho. 

 

 

 

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