En los últimos meses han venido conociéndose diversas situaciones irregulares vinculadas al Ejército. 
En primer lugar, fue el denominado “milicogate”, una denuncia por mal uso de fondos reservados que involucra sumas millonarias originadas en facturaciones indebidas y abultadas y que terminaron, incluso, despilfarrándose en el casino de juegos.
Más recientemente, se acusa a un ex comandante en jefe por un patrimonio inconsistente con su nivel de ingresos y por una serie de transacciones inmobiliarias y de vehículos de lujo.
Se trata de situaciones que, en sus aspectos delictivos y particulares, está investigando la justicia. 
Esperamos que concluya esclareciendo los hechos y sancionando las responsabilidades que se establezcan. 
Más allá de eso, debe motivar una profunda revisión de los procedimientos administrativos vinculados con estos recursos y con las adquisiciones vinculadas a las fuerzas armadas.
La denominada ley reservada del cobre requiere un cambio hace demasiados años. 
Se trata de un mecanismo ideado por la dictadura para asegurar recursos destinados a financiar la adquisición de material bélico. Éste por sus elevados costos no puede ser comprado con aportes eventuales, originados en el presupuesto anual, sino que requiere flujos financieros de mayor alcance.
Se creó, entonces, este sistema, que vincula las ventas de cobre con el financiamiento de la defensa nacional. 
Sin embargo, éste admite fuertes cuestionamientos. 
Por una parte, pues impone a CODELCO una obligación que dificulta su gestión, especialmente en períodos complejos. 
Desde el ámbito político, porque se trata de un sistema con insuficientes controles, como se ha revelado en este tipo de situaciones.
Es hora de derogar esta ley y generar un sistema de financiamiento transparente y claro, que permita a las Fuerzas Armadas asegurar los niveles de recursos adecuados para las necesidades de la defensa, pero que cuente con una fiscalización acorde a la importancia de estas inversiones y a la magnitud de los recursos involucrados.  
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