Obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos

La violación o transgresión de los derechos humanos puede ser cometida por cualquier persona, grupo de personas u organización. Sin embargo, en su origen, estos derechos fueron establecidos como un mecanismo efectivo de protección  de la dignidad de las personas cuando los atropellos provenían del Estado por intermedio de la acción de sus agentes. De esta manera, la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha establecido obligaciones de carácter directo para los Estados, quienes mediante los tratados internacionales, asumen las obligaciones de: respetar, proteger, promover, garantizar  y cumplir los derechos humanos, debiendo además,  proporcionar reparación en el nivel interno en caso de violaciones graves. Respetar, se traduce en la obligación  de no interferir con la realización de los mismos, es decir, debe abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos.  Proteger, mediante las actuaciones de sus agentes, en el marco de sus respectivas competencias y funciones, deben adoptar medidas, tales como la creación y adecuación de marcos jurídicos adecuados para prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos, especialmente por parte de los particulares, pero también de los entes públicos. Esta obligación incluye la necesidad de crear todos los mecanismos o garantías necesarias para hacerlos exigibles ante tribunales, órganos cuasi jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos u órganos de supervisión. Cuando hablamos de garantizar, se refiere al ejercicio del deber de tomar acciones que permitan a las personas el acceso, goce y disfrute de  los derechos humanos, y a diferencia de la obligación de proteger, el principal objetivo aquí es darle efectividad a los derechos. Esta obligación también incluye el que los Estados deben tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como de reparar el derecho violado.  Por último, existe el deber de promover, esto es, adoptar las medidas de largo alcance para la realización del derecho. Se trata de una obligación de carácter netamente progresivo para lograr cambios en la conciencia.Chile avanza cada día en el cumplimiento de estos deberes, que explican las motivaciones del gobierno de Michelle Bachelet por centrarse en los derechos de las personas, y a través de ellos en su bienestar.