Una y otra vez hemos visto como este Gobierno utiliza las necesidades y expectativas de las personas más vulnerables del país, para convertirlas en sus “caballitos de batalla”, haciendo promesas que no se cumplen y además permitiendo que sus autoridades vulneren los más elementales derechos de las personas cuya condición de vida prometieron mejorar. Lamentablemente nos ha tocado conocer  situaciones que se enmarcan  en este escenario, como ha sucedido con el despido de una funcionaria del Municipio de Punitaqui, en circunstancias que se encuentra con cuatro meses de embarazo y quien se desempeñaba como Directora de Desarrollo Comunitario de dicha Comuna, en un cargo de planta.Cada vez que se produce un cambio en los diversos niveles de la Administración Pública o se elige un nuevo Gobierno, es común y a veces necesario que se realicen cambios en las figuras de confianza y de administración técnica y esa es una situación perfectamente aplicable a la nueva autoridad comunal de Punitaqui. Lo que es  insólito es que sea justamente  en la administración pública, donde  las funcionarias tengan que recurrir a los Tribunales para que se  les reconozca   un derecho tan esencial y ampliamente reconocido como es el fuero maternal, porque estos cambios deben hacerse con respeto a los derechos de las personas, lo que no se cumplió  en el despido de esta funcionaria.El fuero maternal es un derecho de toda mujer que se encuentra embarazada y su fin es asegurar que las trabajadoras,  independiente de tener contrato  a plazo fijo o indefinido, por obra o faena,  incluyendo funcionarias del sector público y  municipal, puedan mantener su empleo,  asegurando de esa manera la mantención y crianza de su hijo. Este derecho fue plenamente respaldado en el Gobierno del Presidente Piñera, que en una medida ampliamente criticada por los dirigentes actuales de la Nueva Mayoría, extendió el postnatal a seis meses, agregando además una serie de alternativas para que la mujer trabajadora pudiese elegir la que mejor le acomodaba, incorporando además beneficios a los padres, para fomentar también el apego paterno.En este contexto, nos parece que la conducta de este Alcalde de la Nueva Mayoría, no sólo es cuestionable  desde el punto de vista moral, sino que también legal, ya que existe amplia  jurisprudencia, tanto en lo judicial como en  dictámenes de Contraloría en el ámbito administrativo, de casos en que se reconoce este derecho y se ha  ordenado la reincorporación de  funcionarias afectadas por similar situación…cuesta entender que aún no se aprenda a hacer las cosas bien.

 

 

 

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