A un año de la tragedia de El Tome Bajo familiares claman por justicia

El Ovallino 

Un año cumplido. Un año sin sus familiares. Un año desde que un vehículo menor, un Hyunday Aeon desbarrancó más de 150 metros por la ladera en el sector El Tome Bajo, en la comuna de Monte Patria, dejando como saldo instantáneo la muerte de madre e hijo, y varios días después, en el Hospital San Pablo de Coquimbo, el fallecimiento de un tercer joven pasajero del vehículo.

María Inés Aguirre, prima de Julia Campusano Farías, y tía de Luis Araya Campusano, de 52 y 17 años al momento del suceso, quienes fallecieron en el trágico accidente, adelantó a El Ovallino que todavía las heridas y el dolor no se han cerrado, ya que no hay verdadera justicia sobre un hecho que deja todavía muchos cabos sueltos.

Consideran los familiares que tanto el Fundo San Clemente, como la contratista de trabajadores tendrían responsabilidad en el suceso.

“A mi prima y mi sobrino, los llevaba un vehículo particular que no correspondía, porque si el furgón que tenían estaba lleno, tenía que descargar y volver a buscarlos, pero tenían que ir en un vehículo preparado. Al final quedó un niño herido y la persona que iba conduciendo quedó bien, salió caminando del accidente”.

EN TRIBUNALES 

Advirtió Aguirre que hubo varias imprudencias que a la larga serían el detonante del accidente, entre ellas el uso de un vehículo no autorizado para el traslado de personal y la manipulación de un teléfono celular al momento de conducir, entre otras.

“Mi primo Luis no tenía contrato de trabajo, era menor de edad, de hecho ninguno de los tres tenía contrato de trabajo. Por eso la empresa tenía que haber fiscalizado eso de que no tenían un contrato firmado”.

Destacó que el proceso judicial se introdujo en octubre, y que aunque en un principio sería solo una demanda laboral, luego se ampliaría a una demanda penal.

Aunque con procesos lentos, aseguró que ya las partes estarían notificadas del proceso judicial que se les sigue, tanto la contratista como la empresa.

“Cómo la empresa tiene domicilio fiscal en Santiago, hasta allá se tuvo que entregar la notificación. No se han podido hacer los comparendos porque esta gente dice no estar disponibles, pero esta sería una última oportunidad”, señaló Aguirre, quien espera que las instituciones encargadas de impartir justicia dictaminen la culpabilidad y el eventual castigo a los responsables.

DOLOR ABIERTO 

“Desde que pasó el accidente hemos hecho muchas actividades para recordarlos y para exigir que se haga justicia. En puente Huanilla, hicimos una velatón y una caravana con todos los permisos. Ahora se estaría planteando hasta hacer una ley porque el diputado Daniel Núñez podría plantear en el congreso una ley ante la Comisión del Trabajo, para ofrecerle más protección a los temporeros y trabajadores, quienes estarían desvalidos en algunos puntos”, afirmó Aguirre.

Acusó que en casos como los vividos por su familia, las empresas grandes no fiscalizan lo que hacen las pequeñas contratistas.

“Así que hay vacíos en los que después nadie se hace responsable de nada. El Proyecto de Ley iría en ayuda de los temporeros para garantizarles más seguridad en los traslados, en sus contratos, en sus condiciones”, adelantó Aguirre, quien no descartó que próximamente se tomen nuevas medidas de presión para buscar más apoyo para ese tipo de instrumentos jurídicos.

MAÑANA FATAL 

En el accidente ocurrido la mañana del viernes 21 de febrero de 2020, resultaron fallecidos en el lugar Julia Campusano y Luis Araya, mientras que la tercera víctima, Felipe Linconao, falleció días más tardes en el hospital de Coquimbo producto de la gravedad de las lesiones.