Autoridad asume compleja situación penitenciaria pero destaca avances regionales

El último informe de la Fiscalía Judicial sobre el estado de los recintos penales preocupó al ministro Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, quien llamó a las autoridades en materia carcelaria a trabajar en conjunto para resolver una serie de problemas que se presentan al interior de los centros penitenciarios del país.

Durante el 2017, la entidad dirigida por la fiscal de la Corte, Lya Cabello visitó 53 de estos establecimientos, donde tras revisar las dependencias para constatar las condiciones en las que se encuentran los internos, evidenció situaciones que fueron calificadas como “de gravedad” por parte del organismo.

Se repiten hechos como el hacinamiento, horarios inadecuados de encierro, problemas en los horarios de alimentación, mal uso de celdas de castigo y aislamiento, carencia de comunidades para el tratamiento del consumo de drogas y alcohol, acceso insuficiente al agua, cupos limitados para capacitación laboral, entre otros problemas.

Para el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Carlos Galleguillos el informe de la fiscalía de la Corte Suprema “constituye un hecho que viene a constatar una situación que siempre hemos reconocido como tal”, en referencia a las condiciones carcelarias del país, problema que “hay que abordar adecuadamente como gobierno y como sociedad”, según el Seremi.

Galleguillos indicó que se debe tener en cuenta “dos realidades bastantes disímiles”, que a nivel regional distancian un sistema concesionado, bajo el cual funciona el complejo de Huachalalume, con los otros recintos, como los de Ovalle, Illapel y Combarbalá, que son administrados directamente por Gendarmería de Chile.

En el complejo concesionado, explica, “los espacios otorgados para la vigilancia de personas que se encuentran privadas de libertad, cumplen con los requisitos de infraestructura que permiten otorgar adecuadamente dichas custodias” y las principales dificultades se centrarían en situaciones que calificó como “puntuales”, respecto al trato de los funcionarios y adecuación a estándares internacionales en derechos humanos, como las condiciones de internos transgéneros, entre otras materias.

En las administradas por Gendarmería, dijo el Seremi, hay problemas más notorios de infraestructura, “sin perjuicio que de ellas existe población penal que no es tan refractaria al sistema, como la que tenemos en el complejo penitenciario de Huachalalume”.

REALIDAD REGIONAL

Para el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de La Serena Jorge Colvin el problema no es nada nuevo. Pese a que lleva menos de un año desempeñándose en esta fiscalía, anteriormente, como secretario de la Corte local realizó las mismas visitas.

Desde que llegó a la Corte de Apelaciones de La Serena en 2003 le ha tocado visitar dos centros penitenciarios regionales al año y según comenta, la situación no ha cambiado mucho a través de los años. “A todos fiscales del país no nos contaron nada nuevo” indicó, refiriéndose a último informe de la Corte Suprema de Justicia, “que causó tanto escozor en la ciudadanía”, indicó.

Pero en términos generales, dijo el fiscal, “esta es una jurisdicción tranquila”, en la que no se han presentado problemas mayores de hacinamiento, maltrato a internos y rencillas graves entre ellos, como sucede en algunos recintos de Santiago, sin embargo “tenemos problemas y hay muchas cosas que mejorar”.

CDP OVALLE

El fiscal judicial a cargo de la última visita fue Miguel Montenegro, que por estos días se encuentra fuera de la ciudad. Sin embargo, Colvin asegura conocer esta realidad de cerca y los problemas evidenciados serían los mismos que él ha constatado en sus visitas.

Tal como indicó el Seremi de Justicia, las principales dificultades se presentan en la infraestructura, específicamente en el sistema eléctrico. “No se ha arreglado y es un riesgo inminente de incendio”, dijo el fiscal.

Asegura que “en varias visitas hemos dejado constancia de eso” y la última respuesta que obtuvo fue que se hicieron estudios que comprobaron las deficiencias, pero los costos de reparación serían muy elevados, “Se reconocía el problema pero no habían fondos para arreglarlos”, dijo el profesional.

Sin embargo, pese a la gravedad de un peligro de incendio, indicó que los problemas del recinto limarino no serían mayores y que en conversaciones más distendidas con los internos del penal, cuando les preguntó si preferirían cambiarse de al recinto de Huachalalume, ellos dijeron que no.

Los detalles del informe de Montenegro evidencian una normalidad en el funcionamiento del penal, servicios higiénicos, agua potable, colaciones, literas, entre otros puntos. En el CDP de Illapel la situación es similar.

HUACHALALUME

Pese a que no fue visitado para el último informe, el penal serenense fue un punto tratado por el fiscal judicial Colvin, debido a que es el más grande de la región y donde según el funcionario, se han encontrado dificultades todos los años.

De hecho, leyó un párrafo del informe del año anterior: “Se observa la falta de asientos en los patios, tampoco existen sectores cubiertos y/o protegidos de la radiación solar o de la lluvia y se carece de materiales o implementación deportiva”, dice el escrito.

Según explicó el fiscal “todos los años el párrafo ha sido igual” y la solución al problema, según Colvin, no pasaría por el Poder Judicial ni la secretaría de Justicia, incluso tampoco por Gendarmería, sino por la concesionaria.

Gendarmería no se referirá a la situación de los penales de forma regional, pero el funcionario de la Corte ha conversado el tema. Según indicó, la institución se vería limitada a realizar cambios por los contratos con las concesionarias, y estas apelarían precisamente al cumplimiento del contrato, que no exigirían estos cambios. Mientras no cambia, la situación sigue igual.

LOS AVANCES

A nadie parece sorprenderle la realidad país y esto debido a que la situación no ha cambiado con el tiempo. Como comentó el fiscal Colvin las situaciones más complejas se viven en la capital, sin embargo, el Seremi de Justicia destacó las gestiones realizadas desde el Gobierno.

Según explicó, el ministerio de Justicia “trabajó arduamente en la elaboración de un reglamento carcelario”, el que se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y contiene “elementos propios en materia de derechos humanos, que permitirán corregir varias situaciones que hoy son adversas”.

También se encuentra en ejecución un Plan Nacional de Reinserción Social, que sería “determinante para mejorar las condiciones carcelarias y contribuir a apoyar a los internos en este proceso.

En el contexto regional, dijo el Seremi, “esa ha sido nuestra prioridad”. Galleguillos destacó la creación de centros de reinserción en las provincias de Choapa y Limarí, donde se aprobó la creación de un edificio de primera generación.

Además aseguró que en la unidad de Huachalalume “hemos trabajado arduamente en generar espacios que permitan contribuir al trabajo, a la educación y al arraigo social y familiar de las personas privadas de libertad”.

En este punto destacó el funcionamiento de la empresa Ecomac al interior del penal, que “está generando continuidad entre los procesos que se realizan al interior de la unidad penal con contratos en el medio externo”.

El Sermi finalizó indicando que “para nosotros no es una novedad la situación carcelaria de Chile, falta mucho por hacer, pero creemos que hemos avanzado significativamente durante el Gobierno”, por lo que destacó a la región como una zona “emblemática en el trabajo por el proceso de reinserción social”, dijo Galleguillos.

Para el próximo informe, los fiscales judiciales Jorge Colvin y Miguel Montenegro visitarán los centros de La Serena, Combarbalá, Ovalle e Illapel, en los meses de mayo y octubre. 6301i