Crece debate ante límites que tienen las autoridades para enfrentar a las bandas “narco”

Tras conocerse que el miércoles la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de La Serena informó de la detención de tres personas, en el marco de las diligencias relacionadas con la emboscada que tuvo lugar en la comuna de Los Vilos contra dos detectives el pasado 18 de septiembre, quedó en evidencia el avance de las distintas diligencias que la policía civil ha realizado para dar con el paradero de los ocho sujetos que perpetraron lesiones contra los policías y además, consiguieron quemar un vehículo.

El procedimiento del miércoles, que se efectuó en el sector de Infiernillo, finalmente concluyó en que las personas resultaran detenidas por la Ley de Drogas (20.000), toda vez que se incautaron sustancias a granel, además de plantas y dinero en efectivo, junto con municiones calibre 9mm y calibre 12.  Sin bien estos sujetos no tendrían directa relación con los hechos sucedidos el pasado 18 de septiembre, llama la atención que en unos de los inmuebles en cuestión se encontró documentación correspondiente al automóvil fiscal que apareció totalmente quemado.

Bajo ese punto de vista, aparece como razonable la tesis de la relación entre estas personas y la banda que perpetró la emboscada, pero finalmente estos tres sujetos fueron formalizados y se les decretó firma quincenal y arraigo nacional.

En ese sentido, surge la inquietud en torno a las atribuciones que tiene la autoridad, ya que si bien se apegan a procedimientos de ley, muchas veces estos no se ajustarían a realidades con presencia de bandas con poder de fuego en la provincia del Choapa.

Los límites 

Una de las grandes limitantes, es que en Chile no existe la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias o excepcionales en el marco de situaciones de narcotráfico.

Consultado al respecto, el fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez, en conversación con El Día aseguró que “las formas de actuar las establece el Código Procesal Penal, y la verdad, es que limita bastante a las policías para poder actuar. Un estado de excepción, por ejemplo, opera para eventos catastróficos, por lo tanto no se podría contar, por ejemplo, con los militares ante situaciones como ésta. También operó durante el estallido social, y en el terremoto de 2010,cuando por ejemplo se vio gran cantidad de saqueos”.

A su juicio, para poder tomar acciones más decisivas, “se necesita legislación al respecto, y nosotros no tenemos circunstancias que ameriten un cumplimiento en ese sentido. No se puede intervenir un territorio con los fines que usted me consulta”.

En ese sentido, Gómez señaló que “la ley limita mucho las atribuciones de las policías. Por eso a veces uno queda perplejo ante las determinaciones de los tribunales, ya que son muy disímiles de lo que ocurre en la práctica. Es muy fácil sólo apegarse a la ley, pero la realidad está por sobre la ficción, por tanto hay que ver el caso a caso”.

A su vez, el persecutor agregó que  una vez que se encuentre a los sujetos que participaron de las emboscadas “se les va a formalizar por homicidio frustrado, robo con violencia e incendio. Pero las personas que ya fueron formalizadas no tienen vinculación con la emboscada. Estas personas fueron detenidas porque estaban con droga en dicho domicilio y es cierto que podrían ser familiares o cercanos a quienes cometieron los hechos del 18 de septiembre, pero en realidad no tienen una vinculación directa. Y la responsabilidad penal, según el derecho, siempre es personal”.

Medidas posibles

El diputado Matías Walker, en conversación con El Día, afirmó que “lo que establece la legislación es la posibilidad de designar fiscales de dedicación preferente para la investigación de este tipo de delitos, y yo espero que así ocurra en el caso de lo que está pasando en la Provincia de Choapa”.

El parlamentario añadió que “no se requiere ningún estado de excepción constitucional, lo que se necesita es hacer cumplir la ley. Por tanto, lo que se requiere es criterio; obviamente, cuando hay detenidos por la Policía de Investigaciones, se les encuentra municiones, drogas a granel, plantas, dinero y los documentos de un vehículo que fue objeto de una emboscada por parte de una banda de narcotraficantes, creo que lo que corresponde es que se dicte la prisión preventiva.  Y para eso no es necesario dictar una nueva ley, sin perjuicio que el Senado pueda ratificar el proyecto que ya aprobamos hace algunos meses en la Cámara de Diputados que efectivamente le entrega mayores herramientas a los fiscales y a Carabineros para la persecución de estos delitos y que aumenta las penas de la Ley 20.000 de drogas”.

En esa línea, Walker destacó que “hemos solicitado una sesión especial con más de 52 firmas de apoyo en la Cámara de Diputados para analizar la grave situación de la presencia de carteles internacionales de narcotráfico en nuestro país, y particularmente lo que está ocurriendo en la Provincia de Choapa”.     

Consultado por el tema, el alcalde de Los Vilos, Christian Gross, afirmó que “estamos enfocados en lo social, lo comunitario y en el desarrollo turístico. La verdad es que los temas judiciales o de Fiscalía están en ese ámbito, y no me voy a pronunciar al respecto”.

Acciones

En la jornada de ayer se reunieron alcaldes de la Provincia del Choapa con el delegado presidencial, Pablo Herman, para analizar esta situación en una mesa de seguridad.

En ese contexto, la autoridad señaló algunas medidas y compromisos ante los graves hechos que se han conocido. “Nos reunimos además con la Fiscalía y las policías, y se planteó la necesidad de contar con mayor contingente, pero también está la necesidad una mayor coordinación con los distintos servicios y por cierto con los ministerios”.

En esa línea, Herman aseguró que “ya nos comunicamos con el Ministerio del Interior y estamos coordinando una reunión con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, donde se suma además la labor que está realizando el delegado provincial de Choapa”.

Asimismo, el delegado presidencial confirmó que “estuvo el fiscal regional y se planteó efectivamente la necesidad de generar un fiscal de foco. Es decir, la idea es poder generar un profesional que se dedique a ésta área en específico. Eso nos parece que es una muy buena noticia”, aseguró el delegado, quien también analiza la posibilidad ejecutar acciones en terreno.

Ediles

Tras la cita, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, aseguró que “el general de Carabineros nos explicó que el OS-7 sólo está ubicado en Coquimbo y nosotros tenemos la posibilidad de entregar un espacio donde estaba la exGobernación de Choapa, donde hay una casa desocupada para poder instalarlo ahí. Llegarían funcionarios con mayor especialización en las labores de inteligencia para desbaratar bandas de tráfico”.

El edil de Canela, Bernardo Leyton, agregó que “las instituciones están realizando su trabajo, pero la preocupación que nosotros tenemos también es lo que nos plantea la vecina en cada barrio donde existe el riesgo de que los jóvenes, especialmente niños y adolescentes, puedan empezar el consumo de drogas duras y en ese sentido existe buena disposición por parte de las instituciones”. En tanto, el alcalde de Los Vilos, Christian Gross, argumentó que “sería importante contar con un centro de rehabilitación de carácter residencial para la provincia, trabajar en el déficit habitacional y temas sociales con programas deportivos y culturales comunitarios porque nuestras comunas debiesen tener oportunidades concretas y eso podría ayudar a combatir a la droga”.