Defensoría Penal Pública recalca contraste entre cifras y percepción sobre la justicia nacional

Con el claro mensaje de que “más cárcel genera mayor reincidencia” la Defensoría Penal Pública realizó su balance de gestión institucional 2017 en La Serena. Diversas autoridades ligadas al sistema de justicia en la región llegaron hasta la Biblioteca Regional Gabriela Mistral para escuchar las palabras de la defensora regional Inés Rojas, quien destacó cifras, avances y evidenció desafíos que enfrentar a nivel país.

"Entregar antecedentes que demuestren esta circunstancia le hacen bien al debate nacional. Nos sentimos responsables de entregar información a la ciudadanía". Andrés Mahnke, defensor nacional.

La institución está encargada de prestar defensa en el proceso penal a todo quien no cuente con un abogado, labor que para los defensores muchas veces está mal entendida, “en primer lugar defendemos personas inocentes, también a quienes cometen delitos, pero no se debe olvidar que muchas veces esto no son de gran connotación”, señaló.

En este sentido aseguró que “hay delitos como los relacionados con la ley del tránsito, que son los principales en los que trabajamos día a día y que no involucran a personas que están en el círculo de la delincuencia”, agregó la defensora.

Lo que muestran las cifras.

En su discurso recalcó que contrario a lo que más se ve en medios de comunicación, la Defensoría registró en 2017 que entre los 16.045 delitos cometidos, los más frecuentes fueron las lesiones (19%); amenazas (14%); hurto (12%); e infracciones a la ley de tránsito (11%), por sobre los de mayor connotación social.

Por otro lado, de los 14.278 imputados defendidos, solo un 1,2% corresponde a ciudadanos extranjeros. Además, un total de 919 casos corresponden a menores de edad de entre 14 a 18 años, registrando una baja de 13 puntos porcentuales en comparación a 2016.

31.990 audiencias fueron cubiertas por defensores públicos en 2017.

Diferentes propuestas para hacer cambios a la Responsabilidad Penal Adolescente por parte de parlamentarios ha generado debate entre diferentes actores, entre quienes forman parte del sistema. Hay quienes proponen rebajar la edad de responsabilidad a 13 años, aumentar sanciones o promover su cumplimiento en privación de libertad.

Para la defensora regional las cifras expuestas demuestran que “que instaurar el debate del aumento de penas para el adolescente no se justifica, tenemos que reforzar la prevención para ayudar a los jóvenes a mantenerse en el sistema escolar, a rehabilitarlos de las drogas e intervenir los barrios y las familias, con ello evitamos que se vean involucrados en conductas delictivas”.

Aporte al debate nacional.

Sus palabras fueron respaldadas por el Defensor Nacional Andrés Mahnke, quien tras la cuenta pública indicó que “entregar estos antecedentes le hace bien al debate nacional”, asegurando que “el uso exacerbado de privación de libertad, tanto en etapa investigativa como en la sanción, genera mayor reincidencia, mayor ocurrencia de delitos y fomenta el contacto criminógeno”.

"No podemos desconocer que muchas de las personas que han estado privadas de libertad finalmente terminan absueltas y han pasado largos tiempos en prisión", Inés Rojas, defensora regional.

“Nos sentimos responsables de entregar información a la ciudadanía”, dijo Mahnke. El defensor nacional sostuvo que el problema de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente “es precisamente no haber estado a la altura en la oferta de reinserción y rehabilitación que contemplaba el sistema”, indicó.

En esta línea declaro que “si la respuesta del Estado va a seguir siendo disminuir la edad de la responsabilidad penal, meterle más derecho penal a la situación socioeconómica y de exclusión que viven los jóvenes, agravar las penas, la reincidencia y limitar los caminos alternativos, seguramente le vamos a hacer un flaco favor al favorecimiento de la paz social que nos interesa a todos", finalizó. 6301