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Lautaro Carmona
En la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, la mujer imputada por asesinar a su propia hija, la pequeña Melissa de tan solo 12 años, expresó sentir temor de salir del Hospital Penal donde permanece recluida.

Hace unas semanas, en conversación exclusiva con El Día, el abogado de Mirta Ardiles, Nicolás Pavez, anunció que presentaría un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, alegando "las malas condiciones" en las que se encontraría su representada.

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En la oportunidad, el jurista afirmó que la madre de Melissa Chávez, imputada por el crimen de la menor, no tenía acceso a un baño las 24 horas del día ni al patio, además de no poder entrevistarse con su defensa.

Analizados los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Coquimbo ordenó a Gendarmería coordinar el contacto entre la mujer y sus abogados, así como asegurar “condiciones dignas” dentro del penal de Huachalalume, donde cumple prisión preventiva.

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Incluso, se habló de la posibilidad de trasladar a la reclusa a otro penal, alternativa a la que Nicolás Pavez se opuso rotundamente, asegurando que complicaría aún más la situación de su clienta. 

El día a día de Mirta

En la citada audiencia ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, la mujer imputada por asesinar a su propia hija, la pequeña Melissa de tan solo 12 años, expresó sentir temor de salir del Hospital Penal donde permanece recluida, según los documentos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio BíoBío. 

“(...) El lunes me tocó hacerme exámenes e igual estaban otras internas y prefiero mejor evitarme todos esos momentos. ​Prefiero quedarme en la pieza y quedarme ahí porque me siento más tranquila y más segura. Si yo afuera sé que no puedo salir a los otros lugares”, señaló en conversación con la magistrada.

En la audiencia, Gendarmería también presentó sus argumentos. En voz de Jessica Vargas, la institución explicó que las decisiones no se toman al azar y que la estadía en la unidad hospitalaria es única y exclusivamente por estrictas medidas de seguridad. Y por orden del nivel central.

“A través de la cultura carcelaria se ha visto las agresiones a ese tipo de delitos por lo cual se quiere evitar. En ese sentido lo que se hace es apartar a la interna (…) Ella se encuentra en una Unidad Penal que es de la misma región donde se produjo el delito que se está investigando y es un delito de alta connotación publica”, explicó Vargas. 

En la misma línea, insistió que si bien no existen amenazas concretas contra la imputada, cada vez que sale a un sitio las internas comienzan a gritarle y amenazarla, razón por la que explican no asistía a las audiencias virtuales. 

Sin embargo, más allá de los argumentos de Gendarmería, la resolución fue clara: ordenó aplicar mejoras a fin de que Ardiles pueda cumplir con lo dictaminado y a la vez se mantenga el resguardo de su seguridad. Esto, mientras el Ministerio Público indaga el caso dentro del plazo ampliado de investigación para poder llegar a un eventual juicio.

 

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