La Fiscalía de Coquimbo formalizó investigación a dos personas, un chileno con residencia en Bolivia y su pareja, una mujer boliviana, quienes figuran como imputados en una causa de tráfico ilegal de migrantes.
El pasado día miércoles 10 de noviembre, la Fiscalía sometió a control a ambos y el Juzgado de Garantía de Coquimbo había ampliado el plazo de la detención para que el Ministerio Público tuviera más antecedentes y proceder a la imputación del delito, el cual está previsto y sancionado en el artículo 411 bis del código penal.
Según se ha podido establecer por parte de la Fiscalía y la PDI, la mujer se encontraba en forma irregular en Chile.
De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, los cuales fueron conocidos por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, al menos 11 personas provenientes de Bolivia habrían recibido la promesa de realizar labores agrícolas remuneradas en la zona.
El fiscal de Coquimbo, Gianni Stagno, sostuvo en la imputación que “se detectan mediante una fiscalización del Departamento de Extranjería de la PDI en el sector de Pan de Azúcar (Coquimbo) y se manejaban antecedentes de un sujeto chileno quien captaba a estas personas en Bolivia y el trato para poder prestar servicios en labores remuneradas agrícolas. Son captados por el chileno y su pareja, y trasladadas por pasos no habilitados en forma absolutamente irregular por pasos no habilitados por Colchane”; dijo.
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El fiscal agregó que los antecedentes dan cuenta por ahora que “en el mes de agosto de este año se iniciarían las tratativas para los ingresos a territorio nacional para los meses de octubre”.
Para acreditar los hechos, la Fiscalía ofreció audios de conversaciones telefónicas del imputado, del contratista agrícola, contratos respecto a los cuales eran la promesa de trabajo en Chile y otras documentaciones anexas.
Tras la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Coquimbo otorgó la prisión preventiva por la causal de peligro de fuga con caución de dos millones de pesos para cada sujeto. De cumplir con esas condiciones, quedarían sometidos a arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno, según ordenó el juez.
En tanto, la investigación quedó con un plazo de 90 días.
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