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Lautaro Carmona
Desde la sociedad civil refieren que la red completa falló para impedir el asesinato de Melissa Chávez Ardiles (12), aunque subrayan que la menor quedó en estado de indefensión prácticamente desde que se produjo la denuncia por un supuesto abuso sexual por parte del padrastro, Luis Santander, acción que se archivó. Señalan, además, que una Fiscalía más dotada de recursos, una educación no sexista y la adecuada protección a las víctimas podría impedir nuevos hechos similares.

Impacto generó el reportaje publicado ayer por diario El Día y que abordó los fatales errores del sistema de protección y justicia, que condenaron a la pequeña Melissa Chávez Ardiles (12) a una prematura y trágica muerte a manos de su propia madre, Mirta Ardiles, formalizada por incendio y parricidio a raíz de los hechos ocurridos el pasado 26 de noviembre en el pasaje San Anacleto, de la Villa Talinay en Coquimbo.

Pero el deceso de la pequeña sólo fue, tristemente, la punta del iceberg de una historia de dolor y desprotección, no sólo de parte de la familia de la menor, sino también de todo un sistema, que no persistió, primero, luego de la denuncia de la que fue víctima, en la que se acusó al padrastro de Melissa, Luis Santander. Si bien es cierto fue la propia madre la que no insistió en esta acusación, tampoco se conoce hasta dónde llegó la investigación antes de ser archivada.

Incluso, tras una breve separación del presunto abusador, Mirta de todas maneras volvió con Santander.

En efecto, a raíz de esta denuncia, es que la madre de Melissa perdió la tuición de su hija, la que quedó en manos de su tía paterna. Lo increíble es que luego la recuperó, tras asistir a un programa de diagnóstico pericial, derivada por un Tribunal de Familia.

Una buena evaluación psicológica y haberle “mentido” al sistema, señalando que había cortado para siempre los lazos con el sujeto, abrieron la puerta para lo que pudo haber sido una escalada de vulneraciones a la pequeña Melissa y un desenlace fatal.

¿Qué falló?

La directora regional de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) de la Región de Coquimbo, Carolina Tello, en conversación con diario El Día, sostuvo que existe una falla general del sistema, y que no pasa necesariamente por endurecer las penas o establecer compromisos de carácter político que no se hacen realidad.

“En este tipo de casos, se cumple con las formalidades legales, pero no hay una preocupación por cambiar las cosas materialmente. Lo increíble es que a Mirta Ardiles le hayan devuelto a su hija, sólo porque aseguró que ya no vivía con Luis Santander, lo que era falso”, aseguró.

Si bien es cierto reconoce que hubo una falla, para que el sistema pueda ser más efectivo y eficiente necesita recursos, profesionales capacitados y personal, además de vehículos que les permitan movilizarse y actuar en forma rápida. “Ahí te das cuenta que no hay un interés real por parte del Estado de hacerse parte, funcionando de verdad. Hay incompetencia”, subrayó la abogada.

A su juicio, la tesis que maneja la Fiscalía respecto de que Mirta Ardiles habría dado muerte a Melissa por celos, si bien es una figura “espeluznante”, tendría una directa relación con los serios problemas de salud mental que esta mujer habría tenido durante su vida, los que nadie detectó y abordó oportunamente.

“No bastaba con que ella declara que todo estaba bien y que tenía una preocupación genuina por su hija. Eso denota que no hay una atención real por parte de los órganos correspondientes para efectivamente rehabilitar a esa persona, lo que también sucede con quienes están privados de libertad. Entonces, las declaraciones de pleno respeto a los derechos de los niños y adolescentes sólo es un discurso. No hay una política consistente de salud mental, pues no sólo es importante lo jurídico y las políticas públicas”, indicó.

En términos de balance, subrayó que “vivimos en un país violento, por eso creo que reforzar la educación no sexista, insistiendo en que todos somos iguales, puede hacer la diferencia en que hombres no maten mujeres o que ellas no maten a sus hijos”, argumentó Carolina Tello.

Abandono desde el inicio

Blanca Díaz, presidenta de la organización “Defensa de la Infancia desde la Sociedad Civil”, en conversación con diario El Día, considera gravísimo que se haya archivado la causa por abusos sexuales que pesaba sobre el padrastro de Melissa, Luis Santander.

“Inmediatamente ingresada la causa, se dispone de una persona que está en forma permanente, durante las 24 horas, atento a las instancias de defensa y de denuncia a las que pueden y debieran acceder los menores. ¿Por qué este no apuró ni presionó para la realización de peritajes ni se cumplió el proceso de denuncia con Melissa? Creo que el gran error es que este sistema busca la “rehabilitación” del padre o madre vulnerador”, afirmó.

A su juicio, otro aspecto clave es que “las personas que cuentan con algún grado de psicopatía, saben manejar muy bien las situaciones. Lamento, además, que el cuidado de Melissa haya quedado en manos de su tía, por lo que cabe preguntarse el rol que tenía un papá biológico con problemas de alcoholismo, en un contexto donde la madre también estaba inhabilitada. Por tanto, si se hubiese realizado un análisis profundo desde el punto de vista de las pericias y en materia psicológica, quizás Melissa habría sido susceptible de adopción , lo que le habría cambiado la vida a esta menor. Además, no hay seguimiento alguno”, indicó.

Sin embargo, Blanca Díaz destaca que la Defensoría de la Niñez ha actuado de manera muy diligente en el denominado “Caso Melisa” durante la etapa de formalización de la madre, a diferencia de otras instancias similares, donde se han declarado incompetentes.

El rol de la Fiscalía en casos similares

Carlo Silva, abogado penalista experto, aseguró que el final trágico de esta historia “me hace pensar, de manera concluyente, que existieron errores, tal como lo señaló el reportaje de Diario El Día. En ese sentido, hay que enfocarse en las instituciones que estaban encargadas de darle protección y así evitar la muerte de Melissa”, acotó. En ese sentido, el jurista argumentó que “desde el punto de vista del Tribunal de Familia, se señaló que la madre se encontraba recuperada, lo que la habilitó nuevamente para quedar al cuidado de Melissa (...) Pero, si terminamos con un parricidio, sumado a cierto grado de manipulación en el testimonio inicial de la madre, se hace evidente que existe un grave problema psicológico. Mi crítica apunta a cómo no se logró descubrir estas patologías en forma oportuna”, señaló.

Además, subrayó que “la Fiscalía aplicó un principio de oportunidad al archivar la causa por presunto abuso sexual contra la menor. Sería bueno conocer qué hizo el ente persecutor para abordar estas materias de manera integral”.

 

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