Un protocolo de acuerdo firmado por el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Jaime Franco; el ministro encargado de asuntos de Familia, Juan Pedro Shertzer; el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Galleguillos y la Directora Regional de Sename, Verónica Zárate, se llevó a cabo con el fin de homologar los informes de cumplimiento que emanan de los programas que atienden a niños, niñas y adolescentes en la región.
En la práctica, tal como lo explicó el presidente del tribunal de alzada, “con esta medida las instituciones colaboradoras de Sename, utilizarán el mismo informe y criterio a la hora de comunicar a los juzgados la situación de cumplimiento de medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes que éstos hayan decretado”, afirmó el ministro Franco.
El protocolo de acuerdo fue elaborado en las mesas interinstitucionales que periódicamente realiza el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de medidas de Protección de la jurisdicción.
En ese sentido, el seremi señaló que "este acuerdo viene a ratificar el trabajo mancomunado intersectorial que tenemos con el Poder Judicial en la región de Coquimbo, en este caso, orientado hacia la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, dijo Carlos Galleguillos.
El protocolo permitirá contar con la información necesaria y suficiente para llenar las fichas individuales de los menores de edad, significando un ahorro de tiempo y una mayor eficacia para todas las instituciones en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.
“Es un avance relevante desde la instalación del Centro Observación y Control de Cumplimiento, es un producto concreto del trabajo participativo que se está realizando en esta mesa, que involucra a todas las instituciones que participan de estos procesos”, manifestó la directora de Sename.
En definitiva, la firma establece una comunicación expedita entre el Poder Judicial -a través del Centro de Observación y Control de Cumplimiento- y la Seremi de Justicia y Sename, sobre las lista de espera de ingresos a programas ambulatorios, la cantidad de medidas de protección vigentes y el ingreso de nuevos programas y residencias licitadas en la región.