Formalizan a los dueños de camping de Vicuña donde murió una menor

Este jueves se formalizó la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el caso de la muerte de una menor de 13 años al interior de un camping particular en el sector de El Molle, comuna de Vicuña, oportunidad en la que además otra joven resultó con lesiones graves, que produjeron consecuencias permanentes en su salud.

A las 9:30 horas en el Juzgado de Garantía de Vicuña, el representante legal de la corporaión religiosa a la que pertenecían las víctimas, un obispo evangélico, y el administrador del recinto donde ocurrieron los hechos, comparecieron por su presunta responsabilidad en los delitos de cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones graves gravísimas contra los afectados.

Desafortunado paseo

Los hechos se remontan a febrero de 2016, cuando en un campamento perteneciente a la comunidad cristiana Ciudad Satélite, en el sector de El Molle de El Valle de Elqui, una delegación de alrededor de 40 personas provenientes de la Región Metropolitana, se encontraba en un paseo para compartir su fe en período de vacaciones.

Pero el retiro tuvo un desenlace fatal, cuando pasadas las 11:00 horas del jueves 18, el grupo salió a realizar conversatorios y orar en la cancha de vóleibol del recinto, cuando repentinamente una viga de madera de unos cinco metros de alto, que afirmaba la malla de la cancha, cedió, cayendo sobre María José Curioso (13).

La menor falleció en el lugar ante la mirada atónita de sus cercanos, mientras que Constanza Rivera, una joven de 22 años que acompañaba a la víctima fatal, resultó gravemente herida, ingresando al Hospital San Pablo de Coquimbo en riesgo vital y terminando finalmente con parálisis en las cuatro extremidades de su cuerpo.

Investigaciones preliminares.

Personal de Carabineros y del Samu concurrieron hasta el lugar, sin embargo los equipos de emergencia no pudieron hacer nada, ya que tras las primeras diligencias pudieron comprobar que efectivamente la menor ya se encontraba fallecida.

Pasado el mediodía llegó hasta el lugar la Brigada de Homicidios de la PDI y luego de varias horas de pericias, determinaron que se trataba de una muerte accidental y así lo aseguró en ese entonces el jefe (S) de la unidad, comisario Guillermo Concha.

En un artículo publicado por El Día, desde el municipio de Vicuña, el alcalde Rafael Vera indicó que cuando se enteró del hecho acudiría al lugar junto al director de Sernatur, pues en ese momento se hablaba de que se trataba de un camping particular que debiese haber estado pagando una patente para funcionar, pero finalmente lo desestimaron, pues posteriormente se les comunicó que se trataba de un recinto privado, sin fines de lucro.

Presentan querella.

Sin embargo, pese a los resultados de las pericias y a las declaraciones de las autoridades, que apuntaban a un accidente en un recinto privado, la familia se asesoró con abogados, quienes presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía, con lo cual el Ministerio Público inició una investigación para establecer responsabilidades en el caso.

"Ninguno de los defendidos ha sido condenado anteriormente, han cooperado en el curso de la investigacion y aportaron recursos económicos. Esos elementos tenemos que hacer valer versus la investigación". Enrique Labarca, abogado defensor.

El abogado Carlos Harms, representante de las víctimas, explicó que la investigación de la Fiscalía logró determinar que “existían publicaciones en redes sociales, se publicitaba como un camping abierto al público y cualquiera lo podía contratar”, además si cobraban un valor para hacer uso de él.

En la misma línea se realizaron más diligencias que comprobaron que el lugar no contaba con las autorizaciones necesarias “y no cumplían con las exigencias de calificación y registro de reglamentación de la Subsecretaría de Turismo”, por lo que se estaba incurriendo en una falta al tratarse de un recinto en el cual se pagaba por un servicio, por lo que se determinó que “no se trataba de un accidente, sino de una negligencia”, indicó.

Responsabilidades en el caso

Con la querella y tras más de dos años de investigaciones, finalmente se pudo formalizar a dos personas por los delitos. El obispo evangélico Juan Altamirano, representante legal de la corporación religiosa, y David Araya, administrador del recinto, quienes comparecieron la mañana de este jueves en audiencia de control de detención y formalización de cargos.

Harms explicó que hasta el momento, con lo obtenido tras las investigaciones, ambos podrían tener la responsabilidad por la muerte de la menor y las lesiones de la joven “efectivamente si pones a disposición un centro, seas dueño o administrador, estás en la misma circunstancia desde el punto de vista penal”, dijo.

"Hay publicaciones en redes sociales, dicen que solo es para ciertas iglesias, pero la verdad es que cualquiera lo podría contratar. Funcionaban al público y cobraban, por lo que no fue un accidente, sino una negligencia", Carlos Harms, abogado querellante.

Por su parte, desde la defensa de los imputados, el abogado Enrique Labarca, aseguró que no se referirán a la teoría del caso, “la utilizaremos en el curso de la investigación que recién empezó en términos judiciales, lo que implica analizar los antecedentes que la fiscalía ha reunido, sin escuchar la versión de nuestros defendidos de cómo ocurrieron los hechos”, sostuvo.

Sin embargo agregó que “como defensa nuestro trabajo es intervenir para hacer efectivos los derechos que tienen en calidad de imputados, como en cualquier proceso penal, la responsabilidad la determinará el tribunal en el juicio”.

150 días es el plazo para la investigación formal de los hechos, fijado por el juez de garantía.

Debido a la calificación de cuasidelitos, los imputados no terminaron con medidas cautelares, pero si apercibidos al artículo 155 del código penal, que los obliga a comparecer ante un tribunal.

Tanto Fiscalía como la defensa pidieron un plazo de ocho meses para la investigación formal, mientras que los querellantes solicitaron que el plazo fuera menor, y tras debatir el punto, el juez de garantía determinó fijar en 150 días el plazo para las indagatorias. 6301i