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Tras la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, y por solicitud de la defensa, se decretó además suspensión del procedimiento y se ordenó que se practique un informe psiquiátrico para determinar si es que se trata de un peligro para sí mismo y para la sociedad. Se desestimó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía.

Aún prosigue el sopor por el caso de la mujer proveniente de Illapel, Ariana Bravo, de 39 años, quien fue asesinada por su pareja, Ángelo Vargas Bugueño, originario de Salamanca,  quien además terminó con la vida de su pequeño hijo de 4 años en la localidad de Sibaya, comuna de Huara, en la Región de Tarapacá, en horas de la madrugada del domingo.

Recapitulando la dolorosa jornada, cabe señalar que a la mañana siguiente habría intentado acabar con la vida de la hija menor, de dos años, pero ciertas situaciones impidieron ampliar la tragedia. Vargas trató de dejar la menor cantidad de evidencias posibles: buscó deshacerse del arma homicida (un rifle) quiso cambiarse de ropa y huir del poblado con la pequeña sobreviviente.

Extrañamente, decidió volver al poblado y es ahí cuando los vecinos que lo estaban esperando lo amarraron y, presumiblemente, salvaron a la menor de una muerte casi segura.

Así, terminaba, al menos en una primera etapa, una historia que concluyó en tragedia y que pudo continuar mucho peor.

En síntesis, fue personal de Carabineros de Huara el que acudió hasta el sitio del suceso, donde se encontraron con el terrible crimen. El imputado fue retenido por los lugareños, para posteriormente ser entregado a las autoridades, que dispusieron de su detención, para luego ser remitido al Centro de Salud del Centro Penitenciario de Alto Hospicio, donde permaneció hasta la audiencia de formalización, que se realizó ayer en el  Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Primeros detalles

Cabe destacar que la instancia  fue encabezada por  el magistrado Edgardo Castro y la integraron el fiscal Javier Gutíerrez; el defensor Eduardo Cabrera; Geraldine Díaz, representante de la  Defensoría de la Niñez; y Carolina Villacorta, abogada de SernamEG.

La Fiscalía expuso en primera instancia sus argumentos y pidió prisión preventiva para el imputado. En el detalle de los hechos, ratificó que personal del OS9 de Carabineros detuvo al sujeto inmediatamente después de permanecer retenido. Asimismo, él habría intentado agredir a otro individuo que trató de impedir su huida.

El ente persecutor agregó que, de acuerdo a testimonios de Carabineros, Vargas “reconoció que mató a su mujer y a su hijo por el llamado del diablo, y llevó a las autoridades policiales al lugar donde se encontraban los cuerpos de la mujer y del menor asesinado”.

Otro funcionario policial indicó que, una vez detenido en el vehículo policial, comenzó a gritar “yo maté a mi hijo y a mi señora”,entregando incluso algunos detalles.

Curiosamente, otros vecinos habrían visto al imputado “circular con boxers oscuros y cargando a la más pequeña de sus hijas” al día siguiente.

Según vecinos, y de acuerdo a lo informado por la Fiscalía, el presunto asesino era “una persona normal”. Sin embargo, otros agregaron que hace unos pocos años habían oído gritos al interior del hogar de la malograda familia.

Como antecedente, y de acuerdo a otra declaración policial, el imputado habría reconocido “que nunca violó a su hija menor y explicó cómo había matado al niño”.

Voces cercanas

De acuerdo a lo indicado por el fiscal Javier Gutiérrez, la hermana mayor de Ariana Bravo señaló  que “nunca vio una actitud de violencia contra su hermana o contra su sobrino. Pasaron vacaciones en el verano pasado en la provincia del Choapa y nunca la víctima le comentó que algo raro estuviera pasando”.

Sin embargo, otra de sus hermanas señaló que anteriormente el sujeto se internó en el hospital de Salamanca y recalcó  que sus sobrinos “habían tenido un cambio muy brusco de personalidad, e incluso uno de los niños habría amenazado ‘de muerte’ a su madre”.

Por contraparte, la hermana del imputado habría señalado que “él estuvo internado en alguna oportunidad, pero no recordaba las circunstancias”. Luego, no entregó más antecedentes y se acogió a su derecho de guardar silencio.

Frente a estas evidencias, el fiscal insistió en la necesidad de aplicar medidas cautelares, debido a las características de los delitos acumulados: femicidio, parricidio, homicidio frustrado, lesiones e imputación por tenencia ilegal de arma de fuego.

¿Deterioro mental?

Llegó el momento de la declaración del defensor, Eduardo Cabrera, quien aseguró que su representado “tiene sus facultades mentales alteradas; si no, cómo andaba sólo con bóxer y gritando, vociferando que había cometido esos hechos”.

En ese sentido, subrayó que Vargas Bugueño le confesó: “maté a mi señora a mi hijo por una llamado del diablo”, y le dijo que recibió señales a las 4 de la madrugada de ese día, con una Biblia en la mano. “No es una persona en su sano juicio y tiene facultades mentales desmejoradas”, acotó.

En ese contexto, agregó que la hermana menor de la víctima reconoció que a Ángel le dio una crisis y estuvo desorientado, por lo que debió ser internado en el hospital de Salamanca. “Según los antecedentes que manejo, se habría tratado de una sicosis aguda y antecedentes de abuso de sustancias, entre el 3 y el 10 de junio de 2016”, subrayó el jurista.

Por su parte, agrega que hay una serie de episodios de depresión que no fueron tratados en él. “Tenía una hija mayor que siempre fue alejada por su madre, lo que lo fue agravando”, añadió.

El abogado sostiene que “podríamos hablar de una sicopatía que le impide controlar el juicio y las acciones”, por lo que en definitiva la defensa solicitó  disponer la internación provisional del representado y que sea trasladado a la Unidad de Siquiatría de Arica, especializada en trastornos,  además de decretar suspensión del procedimiento.

Reacción y decisiones

La Fiscalía se opuso a esta medida, ya que pone en duda la documentación del año 2016, porque dicen no se trata “de un antecedente serio sobre el uso pleno de sus facultades mentales. Hay procesos cognitivos claros en su actuar y no hay informe siquiátrico formal”, aclararon.

En ese contexto, el juez de garantía señaló que hacen falta mayores antecedentes para acreditar la situación psiquiátrica y por tanto debieran hacerse más exámenes.

Decisión

Tras contar con todos los antecedentes, y luego de la exposición de cada uno de los intervinientes, el magistrado Edgardo Castro accedió a la solicitud de la defensa y se decretó la suspensión del procedimiento, pero se accedió a medidas cautelares para así “proteger la seguridad de la sociedad y la seguridad de las víctimas”. Por tanto, Ángelo Vargas estará en internación provisional en  la Unidad de Siquiatría del penal de Arica y se ordenó que se practique el informe siquiátrico correspondiente, estableciendo la imputabilidad en la presente causa y así determinar si el sujeto constituye o no un peligro para sí mismo y para terceras personas. La determinación se contrapone a lo propuesto por la Fiscalía, que buscaba la aplicación de una prisión preventiva para quien reconoció haber terminado con la vida de su pareja y de su hijo.

 

Sin posibilidad de oponerse al dolor

Desde la Defensoría de la Niñez adherían a la prisión preventiva contra el imputado, pues sostenían que el femicidio, parricidio y eventual homicidio frustrado la justifican. “El imputado es un grave peligro para la sociedad”, aseguró Geraldine Díaz, representante de la entidad. Además, acotó que se trata de “delitos cometidos contra niños muy pequeños, lo que es alevoso por parte del imputado, que actuó sin posibilidad de que los menores se defendieran”.

Argumentó que “la prisión preventiva se justifica, porque es la única medida cautelar proporcional. Además, no compartimos que existan alteraciones mentales importantes, porque si él intenta esconder el arma, no se puede tratar de una enajenación mental, aunque sí hay un consumo problemático de drogas. Por tanto, creo que existe una manipulación al hablar de un llamado del diablo. No tiene sentido”, señaló Díaz.

 

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