Interna transgénero que denunció malos tratos en penales demandará al Estado

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará llegar sus demandas al Estado de Chile María del Pilar López Barraza, una interna transgénero que en reiteradas oportunidades ha denunciado malos tratos por parte de funcionarios de Gendarmería en distintos centros penitenciarios del país.

Fue condenada a cumplir 15 años de prisión y a nueve meses de cumplir su condena, asegura que se han vulnerado sus garantías constitucionales. “He sido torturada, agredida y menoscaba en mi dignidad humana”, comenta.

Algunas de las vulneraciones, explica, se han dado en la revisión por parte de personal de Gendarmería. Se está sometiendo a un tratamiento para cambiar de sexo y sostiene que en los procedimientos es revisada por personal masculino, “me han hecho desnudarme y he tenido que mostrar hasta mis senos” reiteró.

También las revisiones no habrían sido superficiales como dictan las normas, que establecen que solo en casos puntuales de sospechas se puede realizar una revisión más detallada.

“Yo cumplí una sentencia y la he estado cumpliendo a cabalidad. Nunca he pedido un beneficio, nada” María del Pilar López, interna transgénero.

Pero tras presentar diversos recursos, tanto la Corte de Apelaciones, como incluso la Corte Suprema, han dictaminado que se le trate según su identidad de género, debiendo ser revisada por personal femenino, lo que finalmente no ocurre.

Además, indicó que en los recintos penitenciarios concesionados se vulneran los derechos de todas las minorías sexuales, “no tenemos derecho a talleres, ni a actividades recreativas ni deportivas”. También, asegura que no se le han garantizado programas de reinserción.

Pero una de las situaciones más graves a la que asegura haber sido expuesta es a “las inhumanas condiciones para los portadores de VIH”. María del Pilar señaló que solo hace un mes está recibiendo el tratamiento adecuado para su enfermedad, debido a que su abogado tuvo que recurrir al juez de garantía, ya que no se le otorgaban los cuidados adecuados.

“Violan el derecho a que pueda seguir viviendo. Con un tratamiento adecuado yo puedo vivir muchos años más, pero le han quitado días de mi vida al no entregármelo”, indica López, que denuncia haber estado más de un año en el penal de La Serena sin tratamiento completo.

Incluso, en los alegatos ante la Corte la contraparte se refiere a ella por su nombre masculino de nacimiento, “por eso han perdido muchos recursos”, asegura, debido a que los tribunales han reconocido su identidad de género.

María del Pilar indica haber recurrido a las máximas autoridades de Gendarmería, pero no ha obtenido una solución.

“YO YA PEGUÉ”

Le faltan nueve meses para terminar su condena y asegura haberla cumplido “a cabalidad. Nunca he pedido un beneficio, nada”, indica.

“Yo le pagué a la sociedad lo que le debía, pero aquí estamos hablando de una vulneración de derechos, consagrado en la constitución y en tratados internacionales”, recalcó.

Por este motivo, se reunió con diferentes abogados y llegaron a la convicción de que se necesita solicitar “una sanción más ejemplar”, luego de haber ganado 10 de los 12 recursos que presentó.

“Quiero que el Estado me pague el perjuicio que ha provocado en mí y en mi familia”, indica, apuntando a que requiere que este se haga cargo económicamente “y quede un precedente a nivel internacional”.

CONDENAS Y DERECHOS

Consultada por el caso, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), confirmó que la interna ha presentado diferentes recursos de amparo y los ha ganado.

Además detalló que en estos, la Corte Suprema hace alusión a recomendaciones sobre los registros y revisiones corporales, “deben realizarse en áreas cerradas, sin presencia de otros internos y considerar la distinción de género”.

La directora indicó que como Instituto han realizado acciones tanto administrativas como legales y además han instado constantemente a gendarmería a realizar programas de capacitación y generación de conciencia.

Sobre la condena que cumple, señaló que si bien hay un derecho restringido, que es la libertad, “sin lugar a duda subsisten el ejercicio y garantía de todos sus derechos humanos”.

“Si bien tienen un derecho restringido (libertad), subsisten el ejercicio y garantía de todos sus derechos humanos”, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Para Piña, la sociedad debe cambiar el foco respecto a las personas que están cumpliendo condenas. “El objetivo de la pena, que es la rehabilitación o resocialización necesariamente tiene que ir acompañada con el ejercicio de otros derechos humanos”, aseguró.

En este sentido añadió que esta debe ir acompañada con el derecho a la educación, para que “puedan incorporarse una vez que terminen de cumplir su pena. Y poder ejercer una vida como cualquier otro humano”.

10 de 12 recursos ante las cortes nacionales ha ganado María del Pilar.